Las cifras hablan por sí solas. Cada año, se intentan quitar la vida hasta 80.000 personas en España. Un problema con tendencia al alza que comienza a edades bastante tempranas. El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 29 años. Los recursos para acompañar en el dolor y la desesperanza a los más jóvenes son, sin embargo, igual de escasos que en el resto del tejido social.

Esta insuficiencia que "juega con la vida de niños y adolescentes", menores especialmente vulnerables, es precisamente el lugar donde la Federación de Enseñanza de CCOO-Madrid ha puesto el foco durante la presentación del informe La salud mental en la educación.

En concreto, el sindicato ha alertado sobre la situación en la Comunidad de Madrid, que solo en los tres meses que va de curso, ya ha registrado más de 2.100 protocolos de conductas autolesivas con riesgo de suicidio, con una media de siete protocolos abiertos por centro. A estos se les suman otros casos como, por ejemplo, aquellos relacionados con los trastornos alimentarios.

"Terminamos el curso pasado con algo más de 1.800 protocolos abiertos y, según los datos que nos facilitan, apenas se han cerrado el 10%. Es una emergencia sanitaria que se ha convertido en una emergencia educativa", ha insistido Isabel Galvín, responsable de CCOO.

Para hacer frente a esta situación, los centros educativos cuentan con una guía y un protocolo de actuación. Pero, tanto las familias como el profesorado y los sindicatos aseguran que se trata de un embrollo burocrático que "no viene acompañado ni de recursos materiales ni del refuerzo de plantilla que se requiere" para atender a los alumnos en estos casos.

De hecho, el sistema educativo madrileño público solo dispone de seis profesionales de psicología educativa para atender a los 1,2 millones de estudiantes matriculados. "Cuando se detecta una situación grave, este equipo acude al centro que ha informado del caso, recoge el problema y hace una serie de recomendaciones. Pero no hacen intervención directa ni con el alumnado ni con el profesorado", señala Galvín.

"Este es el panorama", lamenta la representante sindical. Como recurso complementario, la Comunidad de Madrid dispone de un programa de formación en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia en colaboración con la Fundación Alicia Koplowitz, que promueve la detección y el abordaje temprano de estos problemas. 

El estudio de CCOO refleja la "grave situación" en la que se encuentra el país debido a la insuficiencia de políticas públicas y de financiación para atajar el malestar emocional. En este sentido, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes apenas dedica cinco millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas.

"De esa cantidad, llegan a Madrid unos 700.000 euros, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utiliza para contratar a través de una empresa de trabajo temporal a algunos psicólogos interinos en condiciones absolutamente precarias y que no resuelven el problema estructural", critica Galvín.

Frente a la prácticamente inacción política, son los propios centros los que con sus propios fondos contratan psicólogos. Otras veces son las familias, mediante las asociaciones de padres y madres, las que, por su cuenta, contratan a psicólogos en el centro para que puedan ver a sus hijos fuera del horario lectivo.

CCOO propone un plan de choque que costaría 23 millones

CCOO considera que nada podrá solucionarse "simplemente con papeles y con la sobrecarga a los equipos directivos". Por eso, propone a la Consejería de Educación la puesta en marcha de un plan integral que incluya la contratación directa por parte del Gobierno autonómico de, al menos, 150 psicólogas y psicólogos educativos adscritos a las direcciones de área.

"Estos profesionales serán los encargados del diagnóstico, la valoración de la gravedad y el riesgo, así como del seguimiento y la atención
directa al alumnado, en coordinación con los servicios sanitarios", detalla Galvín.

Igualmente, el plan establece la generalización en los institutos de la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad para ejercer la figura de Coordinación del Bienestar que recoge la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Lo que significa un total de 300 profesionales de este perfil. 

Asimismo, para completar los equipos el plan considera imprescindible ampliar el número de enfermeras escolares en los centros. "La puesta en marcha de este plan en los centros de educación Secundaria tendría un coste de 23,6 millones de euros, el equivalente al 0,34% del presupuesto de Educación de la Comunidad de Madrid", detalla Galvín. "Y, si este plan lo ampliáramos a Primaria, la cantidad total alcanzaría los 59 millones, que no llega al 1% del presupuesto", afirma la sindicalista.