Derechos de autorArrecian las protestas contra la futura directiva del 'copyright': ¿A quién beneficia?

La ola de protestas y críticas contra la futura directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital (la llamada directiva de 'copyright'), que propone proteger los derechos de autor en la red con medidas como el filtrado previo de publicaciones a cargo de los prestadores o el pago de una controvertida tasa por cita, ha conseguido una unión casi sin precedentes de académicos, expertos, organizaciones de defensa de derechos civiles, medios, políticos, plataformas colaborativas y activistas. Tras estas protestas, la Eurocámara ha tumbado las enmiendas incorporadas al texto de la propuesta de directiva, que deberán redactarse de nuevo.

La comunidad de Wikipedia en España, y en otros países, ha decidido “oscurecer” la popular enciclopedia colaborativa online hasta el jueves como medida de protesta. En un comunicado, la comunidad afirma que la normativa, si se aprobase, dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos y supondría una “amenaza” para su existencia.

Sin embargo, los ponentes del texto niegan que plataformas como Wikipedia se verán afectadas por la nueva normativa de salir adelante, y el europarlamentario democristiano alemán Axel Voss, que encabeza este grupo, considera esa campaña como “noticias falsas”, informa Efe.

"Nos enfrentamos a una campaña muy malintencionada y cargada de argumentos falsos, como que la futura normativa puede afectar a Wikipedia, una plataforma que se excluye expresamente", señaló Voss, que denuncia que ha llegado a recibir “amenazas de muerte” por su trabajo. La normativa propuesta pretende, según él, que "los autores en internet reciban un pago justo por sus contribuciones".

En cualquier caso, esta actualización de las normativas para armonizar el pago de derechos de autor en Europa ha levantado pasiones en todo el Viejo Continente, con posturas casi irreconciliables. Nada nuevo, por otro lado, si echamos la vista atrás y contamos las veces en las que internet iba a cambiar, estaba en peligro o directamente se iba a romper.

En este caso, las protestas giran sobre todo en la redacción de dos artículos del texto. El artículo 11 establece la obligación de contar con el permiso o la licencia del dueño de un contenido para su agregación o indexación, de modo que se pueda obligar a Google, Facebook o Microsoft a pagar a los editores por mostrar fragmentos de obras protegidas, una especie de ‘Canon AEDE’ paneuropeo.

Por su parte, el artículo 13 implica que plataformas de publicación online como Facebook, Twitter, GitHub o eBay se verían obligadas a la instalación de filtros para evitar que los usuarios suban materiales con derechos de autor —algo que ya hace YouTube con ID Content, por ejemplo, o Instagram, mediante sus propios algoritmos—, o bien que éstos soliciten licencias para mostrar contenido.

"Bajada de pantalones"

Borja Adsuara, abogado y consultor especializado en internet y derechos de autor, explica que este planteamiento, en el que se pide la colaboración del sector privado porque la policía y la Justicia van más lentos que la tecnología, no es tan nuevo. En España, concretamente, la LSSI obliga a los prestadores de servicios a que colaboren con las autoridades. “Pero una cosa es pedir que colaboren, y otra muy distinta es conceder funciones de policías y jueces a las multinacionales, que es lo que pasa con esta propuesta”, comenta este jurista.

"Parece una cesión de competencias policiales y judiciales a los gigantes de la red"

“El operador jurídico por excelencia son ahora multinacionales estadounidenses, y mis derechos fundamentales –libertad de expresión, intimidad, incluso derecho de autor—se terminarán ejerciendo ante ellos”, explica, y muestra su claro desacuerdo si no existe una segunda instancia ante la que protestar, que debería ser de carácter “autorregulatorio y con supervisión pública, de modo que el estado controle los límites”. En las enmiendas aprobadas está prevista la existencia de un organismo sectorial de autocontrol con este fin.

No obstante, este jurista estima que la propuesta “parece una bajada de pantalones y una cesión de competencias policiales y judiciales, soberanas de los estados, a las multinacionales de la red, tras reconocer dichos estados su incapacidad para proteger los derechos de los ciudadanos en las redes sociales”. “Ni siquiera se realiza como cesión, sino como imposición bajo amenaza de sanciones, ya que les obliga a ese filtrado”, puntualiza. "Estoy en contra de la 'censura previa' y las empresas de internet hacen la retirada de contenidos a posteriori, tras haberse publicado", añade. "No me parece bien que se les obligue a hacerlo pero no se les supervise".

Quiénes se beneficiarán

Miguel Peguera, profesor agregado de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica a Público que esta normativa, en realidad, “pretende incrementar la protección de los derechos de autor y conseguir que sus titulares, es decir, las discográficas y productoras, puedan llevarse una parte del rendimiento que se están llevando ahora mismo las grandes plataformas tecnológicas, como YouTube o Facebook”.

Se trata del discutible concepto de déficit de valor, brecha de valor o ‘value gap’, un mantra defendido sobre todo por la industria musical, que alude a la diferencia entre lo que genera para plataformas como YouTube un contenido y lo que percibe el titular de los derechos.

Peguera cree que el principal obstáculo para que la industria del contenido pudiese acceder a esas ganancias de las que disfrutan las plataformas tecnológicas gracias —en parte— a sus contenidos era la directiva de comercio electrónico del año 2000. Y el resultado es que la normativa propuesta contradice la anterior: “Por ejemplo, la obligación de detección y retirada de contenidos infractores es una supervisión general de contenidos que prohíbe expresamente la directiva de comercio electrónico”, afirma Peguera. En la propuesta se recoge como una excepción.

“Esto beneficia a quien quiere cobrar por todo, o sea, a las entidades de gestión de derechos de autor”

Por su parte, el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, socio de BufetAlmeida, es muy directo: “Esto beneficia a quien quiere cobrar por todo, o sea, a las entidades de gestión de derechos de autor”. “Y a quien no beneficia es, especialmente a la prensa”, declara, y añade: “Ambos artículos perjudican a los medios porque a todos ellos les interesa que los usuarios comenten las noticias en las redes, las distribuyan, que sus informaciones sean relevantes porque tengan visitas”. Según Almeida, si se cargan esta viralidad online, se cargan la prensa.

Adsuara puntualiza, sin embargo, que el texto no sólo beneficia a la industria sino “a los autores”. “En esta era de explosión de los datos, nadie nos va a librar de la trazabilidad de los mismos”, comenta este experto, que sostiene que vamos “hacia un nuevo modelo de gestión, inevitablemente”. Él recuerda que ya en 1996 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se planteaba en sus tratados digitales la llamada “información para la gestión” —el uso de los metadatos para trazar el uso real de una obra— como alternativa a los DRM o medidas anticopia, que terminaron imponiéndose (y fracasando).

“Yo creo que aprovechar que es posible establecer la trazabilidad de un contenido en internet es el camino y no hay marcha atrás”, sostiene este experto, que advierte de que “hay que hacer un ajuste fino, porque no se pueden matar moscas a cañonazos”, que es quizá la principal crítica concreta que hace este experto a la propuesta normativa. “Hay que crear modelos nuevos de gestión que no implique directamente la acción de cesación, sino que se ofrezcan opciones alternativas”, sugiere Adsuara.

Los algoritmos no saben de humor

En cualquier caso, uno de los principales problemas que plantea el texto de este proyecto de directiva es el riesgo de lo que algunos llaman ‘censura algorítmica’, precisamente porque la norma pone en manos de las plataformas la licitud de los contenidos y éstas utilizarán sistemas automatizados de filtrado que fallan a menudo y no suelen entender de matices subjetivos. Porque es importante recordar que los derechos de propiedad intelectual tienen límites como el derecho de parodia o el de cita.

“Quien valora un ‘meme’ no sería un juez, sino un algoritmo, por lo que cuando éste detecte que una serie de ceros y unos se corresponden con una foto protegida, ahí tendremos un problema”, razona Sánchez Almeida.

"Quien valora un ‘meme’ no sería un juez, sino un algoritmo" 

Adsuara está de acuerdo: “El algoritmo no sabe de derecho, sino que compara patrones, y en cuanto haya una equiparación entre dos contenidos, ¿cómo identificará si el que lo ha subido se ha amparado en el derecho de cita o de parodia, por ejemplo?”.

Este experto lamenta que los gigantes como Facebook o Google —únicamente empresas de este tamaño podrán permitirse desarrollar tecnología suficiente para el filtrado de contenidos— no son transparentes a la hora de fijar sus criterios para seleccionar qué contenidos son válidos y cuáles no. Parece que siempre se amparan en sus misteriosos algoritmos o en sus expertos, en algunos casos completamente desconocidos.

Una normativa conflictiva ‘por la puerta de atrás'

Miguel Peguera no cree que la futura normativa esté bien planteada “fundamentalmente”, según él, “porque no es consistente con el conjunto de normativas que regulan la prestación de servicios en internet; es cierto que quizá habría que hacer algo para defender mejor los derechos de propiedad intelectual en la red, pero ha de ser coherente con el marco legal existente”.

“Al final, tengo la sensación de que la directiva de derechos de autor se ha hecho casi por la puerta de atrás, añadiendo de modo retórico toda una serie de cautelas y límites que no acaban de ser satisfactorios”, añade.

“En este debate hay mucho ruido”, afirma Peguera, que recuerda que, en general, “los derechos de autor tienen muy mala aceptación por el público en general, es algo que para los usuarios se ve como una barrera de acceso a los contenidos, por lo que si encima los medio para proteger el copyright pueden afectar a derechos fundamentales, pues la batalla es total”. “Es muy difícil no tocar derechos fundamentales cuando estamos en la red”, recuerda este experto, “cuando quieres vigilar quién descarga películas, esa actividad afecta necesariamente a derechos de protección de datos o de intimidad”.

En cualquier caso, aún queda tramitación para que esta propuesta sea una directiva y, de momento, el texto deberá ser retocado para volver al Pleno.

Mientras tanto, Adsuara muestra su hartazgo ante apocalípticos titulares sobre ‘el fin de internet tal y como lo conocemos’. “Todos los días parece que va a morir internet, y eso me resulta muy cansado”, puntualiza, con humor.