Aragón aprueba una moratoria para las autopistas eléctricas

ZARAGOZA .- Aragón no quiere soportar el peaje ambiental y sanitario de las autopistas eléctricas. Las Cortes autonómicas han aprobado una resolución que mandata al Gobierno de Javier Lambán para declarar una moratoria al paso de líneas de muy alta tensión (MAT) por su territorio hasta que un estudio independiente determine “cuáles son las auténticas necesidades, a largo plazo”, de la comunidad en materia energética “y se consensue de manera transparente y democrática el modelo energético verdaderamente sostenible y que responda a las necesidades de las personas y generaciones futuras. Y no exclusivamente a los intereses de las grandes corporaciones y estrategias geopolíticas”.

El acuerdo, que funde tres iniciativas de Podemos, Cha e IU y que tuvo el apoyo del PSOE, incluye “oponerse rotundamente a la línea Sabiñánigo-Marsillón o cualquier otro trazado de líneas de alta tensión o autopistas eléctricas por el Pirineo central que no sea medioambientalmente sostenible”.

Aragón, una comunidad con más de 24.000 hectáreas anegadas por embalses, en la que un centenar de municipios soportan pantanos o centrales en sus términos y en la que la inundación de otros 34 provocó el siglo pasado desplazamiento de casi 10.000 personas, siempre ha mirado de reojo a un sector eléctrico que históricamente ha facturado su negocio en otros territorios y cuyas infraestructuras son consideradas un peaje.

La polémica de las autopistas eléctricas ha vuelto a las instituciones de la comunidad después de que la Comisión Europea haya incluido entre sus Proyectos de Interés Común (PIC) para el periodo 2015-2020, con carácter prioritario, un “incremento de la capacidad entre España y Francia” para transportar energía. Su trazado debe ser definido este año, aunque todo apunta a que Bruselas planea que ese nuevo tendido transfronterizo atraviese el Pirineo por su zona central, como complemento a la futura MAT subterránea de Catalunya y a la submarina del golfo de Vizcaya.

¿Y para qué necesita más conexiones transfronterizas un país como España que ya cuenta con veinte, según los datos de Reesa (Red Eléctrica Española SA) [ver PDF]? ¿Para consolidar su papel como zona de paso de energía? ¿Para tener un plan B ante la próxima jubilación en cascada de las nucleares por superar los 40 años de funcionamiento?

La demanda eléctrica de España fue el año pasado, el primero con repunte tras cuatro seguidos de descenso, de 263.094 giwawatios, mientras que la generación se elevó a 268.057 pese al histórico desplome de las renovables por la sequía y el menor viento. El superávit fue mayor en años anteriores, como en 2014, cuando alcanzó los 8.736.

Sin embargo, el volumen de energía que exporta el sistema eléctrico español a través de sus once conexiones con Portugal, siete con Francia, una con Andorra y otra con Marruecos es mucho mayor que ese superávit. De hecho, lleva cuatro años pasando de los 15.000 gigawatios mientras la importación nunca ha alcanzado ese nivel y con un balance que tiene algunas constantes, como un aumento de las importaciones desde Francia prácticamente parejo al incremento de la demanda en Marruecos y el saldo a favor de ese país.

Sin embargo cinco de las conexiones que evacuan energía hacia Portugal –Cartelle, Aldeadávila, Cedillo, Brovales y Puebla de Guzmán- y la de Marruecos son de alta tensión (400 kilowatios), mientras dos de las que la traen de Francia, las de Hernani y Vic, ofrecen estas prestaciones.

No solo Europa insiste en que una autopista eléctrica atraviese Aragón. Los planes del Gobierno español plantean poner en marcha esta década una línea de alta tensión entre la ciudad oscense de Sabiñánigo y la francesa de Marsillón, en lo que sería una versión renovada de la Aragón-Cazaril, y otra entre Peñalba e Isona, lo que equivale a reformular el ramal hacia Catalunya proyectado en la anterior, que el Supremo tumbó en 2005.

Paralelamente, Reesa intentó hace unos años poner en marcha el tramo entre la localidad turolense de Castellnou y la oscense de Monzón (Huesca), donde hay proyectada una incineradora de biomasa que ha levantado un fuerte rechazo social y por donde pasaría la Peñalba-Isona. Eso supondría activar, dos décadas después, el tramo sur del proyecto inicial.

La Aragón-Cazaril, cuya construcción fue anunciada por los gobiernos de España y de Francia en 1986, generó en la cara sur del Pirineo una desconocida movilización social de rechazo que no ha llegado a desactivarse treinta años después y en la que destacan organizaciones como Ecologistas en Acción y la Plataforma Unitaria, que aglutina a entidades y ayuntamientos.

El proyecto consistía, básicamente, en poner en marcha una conexión transfronteriza de más de 300 kilómetros con capacidad para transportar 400 kilowatios que atravesaría el valle de Gistaín y, con un ramal hacia el cinturón de Barcelona, llegaría hasta Teruel tras discurrir paralela al Cinca y atravesar los Monegros.

Francia abandonó el proyecto en 1997 por su elevado impacto ambiental, lo que hizo que tuviera que indemnizar a Reesa con 180 millones de euros que terminó de pagar el 2010. Una parte de ese dinero estaba destinado al desmantelamiento de las torres, que no solo siguen en pie sino que parte de ellas han sido incluidas por la compañía en sus nuevos proyectos.

En este sentido, la resolución de las Cortes de Aragón reclama “hacer efectiva la sentencia” del Supremo que en 1999 declaró que la línea carecía de ningún título jurídico que respaldara su existencia y dictaminó que sus torres fueron instaladas sin el necesario estudio de impacto ambiental. Propone “la reversión de las servidumbres y terrenos ocupados” y marca como objetivo que Reesa “desmonte las pilonas colocadas para al transporte de energía de la Aragón-Cazaril”.

El texto aboga “firmemente por un nuevo modelo energético, basado en la las energías limpias y renovables”, para la comunidad y apuesta por impulsar “infraestructuras energéticas realmente sostenibles y no heredadas de modelos anteriores”.

En el debate, Patricia Luquin (IU), que reclamó “una respuesta clara y de oposición frontal” a este tipo de infraestructuras por sus “graves afecciones ambientales, paisajísticas y a la salud”, coincidió con Carmen Martínez (Cha) y Violeta Barba en anotar que “no podemos hablar de desarrollo sostenible y tener siempre sobre la cabeza esa espada de Damocles”.

“Debemos evitar que el Pirineo sea utilizado de nuevo como servidumbre de paso de infraestructuras que otros necesitan pero que no quieren que atraviesen su territorio”, señaló la primera, mientras la segunda indicaba que el de las autopistas eléctricas “supone un modelo energético caduco y una hipoteca a perpetuidad en el uso del suelo y la actividad económica”.

“Está claro que no podemos aislarnos energéticamente, es posible que las interconexiones sean clave para una seguridad en el suministro, que pueden ser necesarias para evacuar el excedente de renovables y hasta que ayuden a mejorar nuestra competitividad, pero no a cualquier precio, no a costa de nuestro territorio”, dijo la socialista Isabel García, para quien “lo que está claro es que no queremos autopistas eléctricas que no tengan garantías medioambientales”.

PP, Par y Ciudadanos votaron en contra de las propuestas de los partidos de la izquierda.