Ángeles Carmona: "El silencio cómplice del entorno de la víctima y de la sociedad en general frena las denuncias por violencia machista"

MADRID.- María Ángeles Carmona, secretaria judicial de profesión que desde 2014 preside  el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, cree que el "silencio cómplice" de las víctimas, de su entorno y de la sociedad en general es "el mejor aliado" de los maltratadores y lo que hace que muchas mujeres no denuncien. Niega la falta de recursos para desarrollar la ley integral que denuncian los expertos y, aunque reconoce que la norma española es un referente mundial, necesita cambios y actualizaciones. Por ejemplo, y después de que Rajoy eliminara Educación para la Ciudadanía del currículo escolar, reclama que todos los colegios estén obligados a impartir una materia titulada 'Tolerancia 0 hacia la violencia doméstica y de género”.

37 mujeres murieron a manos de sus parejas y exparejas en lo que va de año y ni siquiera la mitad había denunciado. ¿Qué es lo que falla para que las víctimas no confíen en las instituciones?

No hay una sola respuesta a esta pregunta. Porque a veces no se trata de que las víctimas no confíen en las instituciones. Se trata más bien de una especie de dictadura del silencio que impide que se presente la denuncia, bien por la propia víctima, bien por el personas de su entorno (familiares, amigos…). Es lo que hemos denominado silencio cómplice y que es imprescindible romper. Pero tampoco quiero eludir la responsabilidad institucional. Tal vez no hayamos sido capaces de transmitir totalmente que las instituciones democráticas están al servicio de las víctimas, como no puede ser de otra manera. Que hay órganos judiciales, comisarías y servicios sociales dispuestos a ayudarlas en el proceso de denuncia, que siempre es un momento muy difícil.

¿Ha pedido una reunión con la nueva ministra de Sanidad?

Si, así como con el nuevo ministro de Interior, ya que ambas instituciones están representadas en el Observatorio y tienen un papel esencial en la erradicación de la violencia de género. Me consta la implicación y sensibilidad de ambos en la eliminación de esta lacra social.

Durante el anterior mandato, con Alfonso Alonso, el Gobierno no emitió ningún comunicado condenando las muertes por violencia machista. 

Nunca he valorado el hecho de que tal o cual persona, tal o cual institución hayan hecho o no una condena expresa de un acto criminal machista. Me interesa mucho más el trabajo institucional de coordinación para frenar la violencia de género. Y en ese terreno el Observatorio siempre ha contado con la colaboración y la predisposición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, por otro lado, está integrado en el propio Observatorio.

Gestos como los de Alonso transmiten que la violencia de género ha desaparecido de la agenda política. ¿Hay alguna intención de ocultarla?

Me permitirá que disienta. Yo sí he observado preocupación y ocupación de la llamada clase política por el fenómeno de la violencia de género. En el reciente Congreso del Observatorio se han puesto de manifiesto los importantes logros que se han llevado a cabo en materia, por ejemplo, de reformas legislativas, lo que nos ha conducido a tener un estatuto de la víctima o a que los menores sean considerados víctimas de violencia de género. Son dos ejemplos de que los poderes Ejecutivo y Legislativo han hecho las cosas bien, aunque es evidente que queda mucho por hacer. En el VI Congreso del Observatorio, por ejemplo, se ha incidido en la necesidad de más reformas legales para mejorar la protección de las víctimas, en concreto en aspectos como la supresión de la dispensa de la obligación de declarar y de la atenuante de confesión del autor.

El Observatorio lleva tiempo alertando del aumento de la violencia machista entre menores, lo que demuestra que los esquemas se repiten de generación en generación. ¿Cómo se puede luchar contra esta situación?

Debemos seguir luchando en varios frentes, uno de los cuales lógicamente tiene que ser el de incrementar la labor de pedagogía a todos los niveles, tanto en el ámbito de la escuela como en el de otras instituciones cercanas (pienso en ayuntamientos, entidades sociales…), pero no podemos dejar fuera de nuestra actuación las modernas tecnologías. Y en este caso concreto de la violencia sexista hacia menores, debemos tener más presencia en Internet y en las redes sociales para combatir precisamente esas otras formas de violencia, si se quiere más soterradas, pero muy dañinas, como el ciberacoso.

La ley ya plantea que la educación en igualdad sea transversal en la escuela. Sin embargo, el Gobierno eliminó Educación para la Ciudadanía, que era el canal para lograr ese objetivo. ¿Qué se está haciendo en este sentido?

El Observatorio contra la violencia doméstica y de género ha sido siempre proclive a Incluir en la Ley Orgánica 1/2004 un apartado dedicado especialmente a la educación hacia la violencia de género, proponiendo un paquete de medidas destinadas a fomentar la cultura de la no violencia en la escuela y con un apartado específico en materia de violencia doméstica y de género, introduciendo una asignatura propia relativa a “Tolerancia 0 hacia la violencia doméstica y de género” de obligada implantación en los centros escolares. La educación es la base en la lucha contra la desigualdad de género y una medida preventiva para atajar los fenómenos de violencia que se dan en la sociedad, sobre todo en la familiar y la de género. La introducción de un foro en la escuela donde se trabaje la prevención y se enseñen patrones de conductas ajenos a la violencia y basados en la resolución pacífica de conflictos ayudará en la lucha contra la violencia de género.

Expertas en violencia machista alertan de la falta de recursos para llevar a cabo lo que plantea la ley. ¿Ha llegado el momento de cambiarla? ¿En estos 12 años, qué ha funcionado y qué no?

La ley integral española es un referente a nivel mundial. No creo que se precise cambiarla, aunque por supuesto sí que conviene introducir modificaciones para adecuarla al momento y a las circunstancias presentes. Mientras llegan los cambios, yo creo que la publicación, como hemos hecho, de una Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género es una herramienta necesaria para esa actualización y aplicación de la norma. Por lo demás, hay aspectos de la lucha contra la violencia de género que no son fácilmente incardinables en una ley. Me refiero, como señalaba antes, a la ruptura del silencio de las víctimas, que se ha de conseguir informándolas y protegiéndolas desde un primer momento, garantizándolas una ayuda integral de modo que sean conscientes de que la Justicia y las instituciones están siempre de su lado. También me refiero a la necesidad de implicación de la sociedad y de las personas que rodean a las víctimas. Por eso resulta fundamental la labor de educación en la igualdad y en el respeto y por eso es tan vital el papel de los medios de comunicación.

Abogados, fiscales y forenses denuncian la falta de recursos y formación en la Justicia. ¿Qué les puede responder?

En cuanto a la falta de recursos, creo que se ha hecho un gran esfuerzo en todos los niveles en unos tiempos desgraciadamente marcados por una profunda crisis económica. En cuanto a la formación, me siento especialmente satisfecha de que hayamos conseguido en estos años que hoy ya no sea posible para ningún juez o jueza acceder a un juzgado especializado sin haber superado el correspondiente curso de formación obligatorio en violencia doméstica y de género.

La evaluación forense integral no se está realizando por igual en todas las demarcaciones por falta de recursos. En algunos casos, incluso se celebra el juicio sin la evaluación. ¿Cómo se va a poner solución a estos retrasos en función de las provincias judiciales?

En el año 2011 se aprobó el protocolo forense para la valoración urgente del riesgo que presenta una metodología científica para predecir el futuro comportamiento violencia de los detenidos o denunciados por violencia de género. Esta valoración forense debe ser complementaria a la realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha considerado esencial la implantación de dicho protocolo en todo el territorio nacional con el fin de que esa valoración se practique por un equipo multidisciplinar y mediante la aplicación de instrumentos psicológicos diseñados para tal fin como parte del proceso.

¿Qué se debe hacer con el maltratador cuando sale de la cárcel? ¿El sistema está preparado para vigilarlo?

Tanto los órganos judiciales como las delegaciones del gobierno de cada territorio activan un protocolo de protección de la víctima para los casos de excarcelación del maltratador del centro penitenciario. Ello, no obstante, en determinadas situaciones en las que ya se hayan cumplido las penas de prohibición de acercamiento o de comunicación respecto de la víctima, el Observatorio también ha propuesto extender la medida de libertad vigilada a estas situaciones para extremar las precauciones, en aras a la seguridad de la mujer víctima.

Asociaciones feministas denuncian la desprotección de los hijos de las víctimas. ¿Qué se está haciendo en este sentido?

Ya he comentado con anterioridad que uno de los aspectos que han sido objeto de reformas legislativas tiene que ver con la consideración de los menores como víctimas también de la violencia de género. La ley 4/2015 establece que los hijos menores de las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a medidas de asistencia y protección. La Guía de criterios de actuación judicial recuerda que, en el marco de la orden de protección, el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de adoptar determinadas medidas civiles como el régimen de guarda y custodia, las visitas, etc.

¿Qué es lo que más preocupa a la presidenta del Observatorio?, ¿cuál es su principal punto de atención?

Evidentemente, me preocupa que siga habiendo mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Es una cifra, la que sea, imposible de asumir en una sociedad democrática, pacífica, igualitaria y respetuosa con los demás. Por tanto, debemos tender al objetivo cero en víctimas de violencia machista. El centro de nuestra atención está puesto en la mejora de la coordinación institucional, en la mayor sensibilización de la sociedad y en las reformas legales que permitan que mejore el grado de apoyo a las víctimas antes, durante o después de un hecho criminal. Y, aunque ya lo he repetido varias veces, en romper ese silencio cómplice que aún hoy es el mejor aliado para los criminales.