Se cumplen cinco años del accidente del tren Alvia. Dejó 80 muertos y 144 heridos. A las 20:41 del 24 de julio de 2013 el convoy que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol (A Coruña) descarriló en Angrois, a apenas tres minutos de la estación de Santiago de Compostela.

La tragedia, que se produjo en la víspera del Día de Galicia, conmocionó y sigue conmocionando a toda España. Y es que en el quinto aniversario del suceso, aún no están esclarecidas las causas que provocaron la muerte de casi un centenar de personas. 

Víctimas y familiares de afectados por el accidente del tren Alvia 04155, se manifiestan este martes por las calles de Santiago para exigir "responsabilidades políticas" a PP, PSOE, Adif y Renfe. "Es hora de que empiece a haber dimisiones y ceses", dice el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, a los medios. Cinco años después siguen demandando "verdad y justicia".

Cinco años de silencio, únicamente roto por las comparecencias judiciales. En el proceso son ya siete los investigados por posibles responsabilidades penales y el pasado mes de junio arrancaba, por fin, la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para determinar si también hubo responsabilidades políticas.

Será en otoño cuando la comisión retome sus labores, después del paso de las víctimas, el maquinista, el interventor y varios cargos de Renfe durante este mes. Entonces será el turno de altos cargos y también de los dos exministros salpicados por la tragedia: el socialista José Blanco, actualmente eurodiputado, y la popular Ana Pastor, presidenta del Congreso.

Tanto el ámbito judicial como el político tratan de establecer por qué ningún sistema de seguridad alertó al maquinista, evitó las consecuencias y, sobre todo, de quién es la responsabilidad.

Víctimas de Angrois se manifiestan cinco años después: "Es hora de dimisiones y ceses". / Europa Press

El tren iba demasiado rápido

El maquinista, justo después del accidente, reconoció que había entrado en esa curva a 190 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad indicada (80 km/h). Esa frase se convirtió en portada de varios medios de comunicación pero en la conversación completa decía más cosas: "un día iba a pasar, somos humanos y ya se lo había dicho al de seguridad".

El portavoz de la plataforma de víctimas, afirma que afrontan los cinco años del accidente con la satisfacción de que, "gracias" a su "empeño" y al apoyo que consiguieron de Europa, ahora mismo son siete las personas investigadas por imprudencia profesional grave: dos altos cargos de Adif, uno de Renfe, tres técnicos de Ineco y el maquinista.

"Si no llega a ser por nosotros, se habría cerrado solo con el maquinista", advierte Domínguez, quien, la semana pasada en la comisión de la Cámara Baja, denunció una "cacería" del Gobierno al maquinista, que en su comunicación con Atocha tras el descarrilamiento señalaba que ya había advertido del peligro y de la posibilidad de un accidente.

El portavoz de las víctimas reflexiona sobre que el hecho de que haya sido necesaria su movilización permanente para llegar a que haya siete investigados y una comisión de investigación en las Cortes "debería dar que pensar sobre las instituciones" del Estado español.

De hecho, junto al maquinista, únicamente el director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, figuraba como investigado hace tan solo un año, durante el cuarto aniversario. En octubre de 2017, el magistrado decidió imputar a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, así como a tres miembros de la consultora pública Ineco.

Ya en febrero de este año 2018, las imputaciones se ampliaron con otros dos cargos de Adif, uno de ellos fallecido. El otro, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón, está citado en sede judicial el próximo 12 de septiembre, después de que la huelga de empleados públicos de la justicia obligase a suspender varias comparecencias.