Rostros de preocupación, miradas serias y palabras de ánimo. La sentencia por el caso Altsasu ha caído como un “jarro de agua fría” entre las madres y padres de los jóvenes condenados por la pelea de bar con dos guardias civiles sin uniforme, registrada durante la madrugada del 15 de octubre de 2016. El tribunal ha dado la razón a todas y todos aquellos que defendían que no se trataba de un caso de terrorismo, pero igualmente ha impuesto penas que oscilan entre los dos y los 13 años de prisión a todos los acusados.

“No aceptamos las injusticias”, fue una de las primeras frases que salieron del grupo de familiares tras conocerse la resolución judicial. “Imagínese cómo estamos después de este jarro de agua fría”, decía por su parte a Público Koldo Arranz. Su hijo, Oihan Arranz, es uno de los tres jóvenes en prisión por estos hechos. Este viernes cumplen 565 días encarcelados. Tras el juicio, sus abogadas intentaron que fuesen puestos en libertad hasta que saliera la sentencia, pero los jueces se negaron.

Nada más conocerse la sentencia, las madres y padres de los condenados mantuvieron una reunión de urgencia, en la que valoraron cuáles serán los próximos pasos a dar. Esa respuesta se hará pública esta misma tarde en la librería Katakrak de Pamplona, donde darán una rueda de prensa. Según ha podido confirmar Público, allí revelarán también cuáles serán las próximas movilizaciones.

La indignación y la rabia se sentirán también a partir de las 20.00 de este viernes frente al ayuntamiento de Altsasu, lugar elegido por los familiares para realizar una concentración de denuncia. “No nos quedaremos de brazos cruzados observando como roban la juventud de nuestros hijos e hijas”, avanzaron desde las redes sociales. En tal sentido, hicieron un “llamamiento especial” a la ciudadanía para que participe en este acto.

Luego de recibir la sentencia, las madres de los jóvenes afectados han advertido que ya “sospechaban” que se buscarían “las penas máximas dejando a un lado el terrorismo”, una acusación que fue seriamente cuestionada durante el juicio. No obstante, advirtieron que las penas de entre 2 y 13 años por delitos como atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas se basan en unos hechos que la acusación –representada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE)- “no consiguió probar”.