El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este viernes una querella ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de "prevaricación por omisión" contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del pasado 19 de mayo.

La querella, presentada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, argumenta que la decisión de no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Antoni Comín y Lluís Puig -a Bélgica-, fue "arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal".

La no publicación de los nombramientos en el DOGC bloqueó durante unos días la formación del Govern, hasta que el pasado martes, 29 de mayo, Torra firmó un nuevo decreto, en el que sustituía a los consellers que se encuentran en prisión o en el extranjero, y que ha sido publicado hoy en el DOGC.

Torra ya había anunciado que estaba estudiando interponer una querella por "prevaricación" contra el hasta hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según alega Torra, la negativa a publicar los nombramientos de Turull, Rull, Comín y Puig "contraviene" la "ejecución de un acto reglado, debido y obligatorio", con una "evidente conculcación de la legalidad y desconocimiento de las exigencias constitucionales", ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La querella, que considera que con la no publicación del decreto se vulneraron los "derechos políticos" de Torra como presidente de la Generalitat, se presenta "sin perjuicio de las acciones que por vulneración también de sus derechos políticos puedan emprender los consellers afectados contra los querellados por estos mismos hechos".

El escrito de Torra insta a la Sala Penal del Supremo a incoar las diligencias previas, así como diferentes diligencias de investigación, entre ellas la declaración como investigados de los querellados y la declaración como testimonio de Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para Administraciones Públicas, ha indicado la Generalitat en su comunicado.