De Agua Zarca a Bhopal, estas son las 1746 disputas ambientales del mundo

MADRID. -No están todos los que son, pero los que están dan buena muestra del reguero de conflictos medioambientales que, como pequeños tumores, se extienden a lo largo y ancho de un planeta enfermo.

Algunos son bien conocidos -aunque no por ello están resueltos- como la contaminación del Delta del Níger por las actividades de la petrolera Shell en Nigeria, las miles de víctimas de la catástrofe en la fábrica de pesticidas de Bhopal, en India; el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, en Honduras, por el que fue asesinada la activista indígena Berta Cáceres y su compañero Nelson García hace sólo unos meses; o la deforestación salvaje de las selvas de Indonesia para producir aceite de Palma. Pero hay cientos de casos más repartidos por otras muchas coordenadas del globo, relacionados con la energía nuclear, la extracción de minerales, la construcción, el acaparamiento de tierras, los proyectos turísticos o la gestión de residuos, entre otros.

“Lo hacemos para demostrar que no son casos aislados, sino que en todos lados cuecen habas. Pero en realidad nadie sabe cuántos conflictos hay en el mundo, cuanto más bajas la escala, más conflictos aparecen”, explica el catedrático en Economía e Historia Joan Martínez Alier. Él es el coordinador del Atlas de la Justicia Ambiental, un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona con financiación del Consejo de Investigación Europeo puesto en marcha por un equipo de investigadores que pretende documentar y dar visibilidad a una problemática creciente.

Por el momento, el atlas recoge 1746 casos, pero el objetivo, asegura Martínez Alier, es llegar a incluir hasta 3.000 conflictos. “Si miras el mapa China está bastante vacía. No porque no existan conflictos allí, sino porque no damos abasto”, reconoce. El equipo español trabaja en coordinación con investigadores en otros lados del mundo para escoger qué casos se incluyen. No buscan que queden reflejados todos y cada uno, porque saben que eso es inabarcable, sino que haya cierta proporcionalidad entre las diferentes áreas geográficas.

El atlas permite un vistazo general o hacer una búsqueda filtrando por países, por tipos de conflicto, por empresas implicadas o por los diferentes tipos de impactos que han provocado. Cada uno de los casos aparece asimismo documentado con una extensa ficha que incluye fotografías, una descripción general, fechas, actores implicados, consecuencias estudiadas y enlaces de interés. El proyecto contempla también otros mapas específicos sobre casos muy destacados como los conflictos de la petrolera Chevron, el fracking o la extracción de minerales en América Latina.

“Este mapa nos permite poner sobre la mesa la deuda ecológica entre quienes se aprovechan de los recursos y quienes sufren los impactos”, señala Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, que colabora con el proyecto.

Con los casos recogidos hasta ahora, India aparece como el país más afectado, con 223 conflictos, seguido de Colombia (117), Nigeria (73) y Estados Unidos (69). Por tipo de conflicto, es el acaparamiento de tierras el que provoca más problemas, con 454 casos; así como los proyectos mineros (323) o el derecho por el acceso al agua (287). Por empresas, las petroleras se llevan la palma: Shell ha provocado 42 concflictos, Nigerian National Petroleum Corporation 41 y Chevron 31. Pero hay otras como Monsanto, con 20 casos, o las españolas Sacyr (12) y Endesa (10).

60 conflictos en España

En el caso español se han documentado 60 conflictos escogidos en función de su importancia geográfica, su representación histórica o atendiendo a la diversidad de su tipología, explica Amaranta Herrero, coordinadora de los casos españoles.

“En realidad siempre hay más conflictos de los representados. Cada central nuclear tiene su conflicto, pero no están recogidos todos”, señala Herrero, que advierte de que se debe tomar el atlas como “un botón de muestra” de lo que hay.

Así, en España se han documentado, por ejemplo, los casos de la mina de Aznalcóllar, en Andalucía; el del almacén de gas Castor, en Vinaròs; el de los fosfoyesos radiactivos del polo químico de Huelva; la protección del lobo ibérico, el trasvase Tajo-Segura, los transgénicos en Aragón y Catalunya o el aeropuerto de Ciudad Real.