Más de la mitad (57%) de las latas de atún que se consumen en el mercado europeo superan el máximo de mercurio establecido para el pescado (0,3 mg/kg), advierte un informe realizado por las organizaciones internacionales Bloom (Francia) y Foodwatch (Alemania), que denuncia que este límite sea superior, de 1 mg/kg, para el atún fresco y en conserva.

"Más de una lata de cada dos supera la concentración máxima de mercurio más restrictiva definida para los productos del mar. Si dicha concentración máxima de mercurio más restrictiva se aplicase también al atún, la venta de más de una lata de cada dos estaría prohibida", advierte el informe que ha analizado aleatoriamente 148 conservas de este pescado en cinco países europeos (Alemania, Inglaterra, España, Francia e Italia).

Además, de las latas analizadas, una lata de la marca Petit Navire, adquirida en un establecimiento Carrefour City en París contiene una concentración récord de 3,9 mg/kg. Esto representa casi cuatro veces la concentración máxima del atún fresco y 13 veces la restricción de 0,3 mg/kg. Mientras, de las 30 que provienen de España, una lata de la marca Carrefour comprada en un supermercado de València tenía un nivel récord de 2,5 mg/kg, es decir, más de ocho veces superior al límite.

Según señalan, este informe revela un "verdadero escándalo de salud pública" sobre la contaminación de estos pescados por mercurio. Si bien esto concierne a todos los atunes pescados o casi, Bloom quiere subrayar que, "además de la contaminación por mercurio en el medio ambiente, la razón principal de este problema sanitario reside en la industrialización de dicha pesca y el sobreconsumo de este tipo de pescado que deriva".

Por otro lado, por motivos evidentes de salud descritos en esta investigación, pero también debido a los impactos medioambientales, sociales y económicos "desastrosos de la pesca industrial" descritos en informes anteriores de su serie 'TunaGate', consideran que el atún "ya no puede ser considerado como un alimento base".

Tras 18 meses de investigación, Bloom revela cómo, desde los años 70, los poderes públicos de dicho pescado "han optado conscientemente por favorecer los intereses económicos de la pesca industrial de este pescado en detrimento de la salud de cientos de millones de consumidores y consumidoras de atún en Europa".

En el informe recuerdan que las conservas de este tipo de pescado "se benefician de medidas jurídicas adicionales y pueden –en toda legalidad– alcanzar concentraciones nueve veces más elevadas de mercurio que el límite máximo para otras especies": la norma actual se aplica al atún fresco y no al producto terminado. Ahora bien, señala, "el atún enlatado pierde mucha agua con respecto al fresco y el mercurio, por lo tanto, se encuentra de dos a tres veces más concentrado en una conserva que en un trozo de pescado fresco. Al consumirlo enlatado tal cual, no se le rehidrata y, en consecuencia, la concentración de mercurio se mantiene".

"No se ha utilizado ningún método tomando en cuenta el conjunto de las consecuencias sobre la salud de los adultos y de los niños para determinar las concentraciones de mercurio en el pescado", se lamenta el informe, recordando que "las mascotas son más protegidas del mercurio que los bebés", ya que los umbrales que se aplican a las latas para mascotas son más vinculantes que los que se utilizan para la alimentación humana.

"El mercurio es un potente neurotóxico que se fija en el cerebro y es muy difícil de eliminar. Todo el mundo lo sabe", explica Julie Guterman, investigadora de Bloom y principal autora de la encuesta.

"Me costaba creer que industriales y políticos pudieran optar a sabiendas por el cinismo criminal, pero tuve que afrontar los hechos. Haber actuado antes de fijar los umbrales reglamentarios significa que los fabricantes y minoristas pueden ahora vender productos contaminados de forma legal. Hacer creer a la gente que comer atún es seguro desde el punto de vista de la salud es una mentira imperdonable con consecuencias dramáticas", advierte la investigadora.

Medidas que propone el informe

Según el informe, el hecho de que haya que fijar un umbral de mercurio –calificado como aceptable– tres veces superior para el atún que para otras especies de pescado, como por ejemplo el bacalao, sin que exista la más mínima justificación sanitaria demuestra que "este umbral de peligro no se ha establecido para proteger la salud humana, sino únicamente para proteger los intereses financieros de la industria atunera", ya que el mercurio no es menos tóxico en el atún que en cualquier otro pescado.

Ante esta situación y atendiendo a que este es el pescado más vendido en Europa, el informe pide a los distribuidores que se comprometan a comercializar solamente atún que no supere la norma con respecto al mercurio la más protectora posible.

Asimismo, la Comisión Europea debe tomar medidas conservadoras para el atún alineándose con la concentración máxima más estricta que fijaron anteriormente para algunos pescados, y los controles del conjunto de la cadena de producción de este pescado deben ser reforzados, tanto al nivel público como privado, con el propósito de que las normas verdaderamente protectoras de la salud pública se respeten.

Además, consideran que las autoridades nacionales deben realizar campañas masivas de información al respecto, para que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan los riesgos del consumo de estos productos. Especialmente para los públicos más sensibles –como mujeres embarazadas y niños–, aplicando una etiqueta sobre los pescados de la categoría depredadores y los productos que los contengan para avisar claramente del peligro sanitario que implica la ingestión de mercurio.

A medio plazo, pide que el reglamento europeo 915/2023 –que fija las concentraciones máximas de mercurio en los productos alimentarios– sea actualizado, en colaboración con los electos y las electas del Parlamento europeo; la Ingesta Semanal Tolerable (IST) debe suprimirse y las recomendaciones de consumo deben ser evaluadas de nuevo.

Por último, los comités de la Comisión Europea como el SCoPAFF (Standing Comittee on Plant Animal Food and Feed), que disponen del poder decisorio sobre temas fundamentales como los residuos de pesticidas, los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y los contaminantes en alimentos, deben demostrar una transparencia total y deben tomar sus decisiones siguiendo un proceso democrático, según el informe.