Un total de 3.652 niñas de entre cero y 14 años residentes en nuestro país podrían estar en riesgo de sufrir mutilación genital femenina (MGF). Así lo afirma un estudio encargado y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Fundación Wassu-UAB que se ha presentado este viernes.

El estudio, titulado La mutilación genital femenina en España, está basado en datos del padrón de 2018, de donde se extrae que en España hay unas 15.562 niñas entre cero y catorce años procedentes de países en los que se realiza esta práctica. Partiendo de esta cifra y aplicando los índices de prevalencia de eta violencia en sus países de origen, el informe estima el número total de menores que podrían estar en riesgo de sufrirlas. El estudio revela que Barcelona (746), Girona (504), y Madrid (335) son las provincias que más casos de riesgo acumulan.

"La mutilación genital femenina es una de las violencias más invisibilizadas que sufren mujeres y niñas y que apenas existen estudios de prevalencia", afirmó Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia contra la Mujer durante la presentación de las conclusiones del estudio.

Según estimaciones realizadas por la agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el mundo puede haber más de 200 millones de mujeres vivas que han sufrido esta mutilación y cada año unos tres millones de niñas en todo el mundo están en riesgo de sufrirla. La mutilación genital femenina es la ablación de todo o parte del los genitales y se practica principalmente en unos 30 países africanos, situados en la zona subsahariana. Sin embargo, en los últimas décadas se ha visto cómo esta práctica ha emigrado también a algunos países árabes y a América Latina, principalmente a Colombia.

A pesar de la existencia de niñas en riesgo de sufrir esta violencia, en nuestro país no hay indicios de que se realice esta práctica desde el año 93, pero sí de que las niñas son llevadas a los sus países de origen donde pueden sufrirla. 

El estudio está basado en una encuesta a 82 familias migrantes residentes actualmente en Catalunya con vínculos en diferentes países africanos (principalmente en Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Mali entre otros). Se trata de una muestra de conveniencia, ya que, como explica el informe, no podía ser ni aleatoria ni sistemática al no existir de una lista que detallara la población susceptible a participar en el estudio. El 97% de las participantes fueron mujeres, de las cuales el 60% había sufrido la MGF, un 30% de
ellas entre los cero y los tres años de edad. También se entrevistó a profesionales de atención primaria en salud, de servicios sociales, expertos en derecho y activistas de ONG.

El objetivo principal del informe es el de conocer esta violencia en nuestro país, analizar los modelos de actuación de las administraciones públicas y de los diversos profesionales que tratan con la población de riesgo y promover las prácticas o estrategias que contribuyan a eliminar esta violencia. 

Prevención, prevención, prevención

A pesar de que la ley prohibe esta práctica en nuestro país y que nuestra legislación establece el principio de extraterritorialidad (no importa en qué país se realice, su práctica está penada con cárcel), la antropóloga Adriana Kaplan, que dirigió el estudio, resalta que las medidas punitivas no son la solución para erradicar esta práctica, sino que es necesario trabajar en la prevención.

"Hay que entender que el MGF no se hace por crueldad, sino que la familia creen que hacen lo mejor para sus hijas", explica Kaplan. En su gran mayoría, la práctica la realizan las mujeres. Kaplan explica que en ocasiones, las niñas que viven en España y que son enviadas a sus países de origen a ver a la familia, vuelven mutiladas, generalmente por sus abuelas y sin que sus padres los sepan.  En la mayoría de las ocasiones son las abuelas paternas las que más empujan para que se realice esta práctica.

Kaplan lanza una pregunta retórica: "¿Como es posible que las propias mujeres que han pasado por la mutilación, quieran eso para sus hija? Desde esta pregunta humana, la respuesta es que hay cuestiones poderosas para que estas prácticas se sigan manteniendo". Éstas, según explica el estudio, tienen que ver con prácticas de gran arraigo y con un fuerte significado simbólico entre las comunidades que la practican, además de con el mantenimiento de una estructura social. En algunas sociedades la MGF forma parte de las ceremonias de iniciación, vinculada a dos valores básicos de la cultura: el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Por eso, afirma la autora del informe, es clave trabajar con la población que está en España proveniente de los países con prevalencia de esta violencia desde el punto de vista de la prevención. "Cuando consigues que una madre, una familia, no mutile a su hija, ésta ya no lo hará con sus propias hijas cuando las tenga y ahí se rompe la cadena", explica Kaplan.

Pero sobre todo es necesario hacerlo desde una perspectiva de apoyo y de concienciación, porque las medidas punitivas no cortan la cadena y en muchas ocasiones, afirma Kaplan, tiene como consecuencia que dejen de acudir a los servicios de salud, o incluso que se lleven a sus hijas de España y que ya no vuelvan.

Hay que ampliar el foco de trabajo e involucrar a los hombres que sólo participan en la decisión en un  8%. "Que entiendan que cuando tienen problemas con sus mujeres a la hora de tener relaciones sexuales, es porque ellas están sufriendo como consecuencia de la ablación. Esto normalmente no lo saben. No saben las consecuencias que tiene en el cuerpo y en la salud sexual y reproductiva de sus mujeres esta mutilación. Cuando se les explican las consecuencias, ellos quieren formar parte de la solución", añade Kaplan.

Por eso el informe recomienda invertir en servicios públicos formados y en la puesta en marcha de un Plan Integral de Formación de profesionales. Ampliar los programas de sensibilización, formación y educación orientados a la comunidad migrante o con vínculos en países donde se practica la MGF, fomentando el establecimiento de agentes de cambio.

El documento afirma que es preciso invertir más recursos humanos y económicos para poder implementar de forma adecuada las políticas
públicas diseñadas y realizar intervenciones preventivas con las familias que garanticen un impacto a largo plazo e incluir la MGF en los currículos formativos de todas las ciencias de la salud, sociales, de la educación, del
ámbito jurídico y de las comunicaciones.