Alrededor de 4,1 millones de niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina (MGF) en 2020, según advirtió este jueves la ONG Amref, en el Día Mundial para Erradicación de esta práctica. 

No hay datos absolutos de cuántas mujeres y niñas han sido mutiladas en todo el mundo, pero la ONU calcula que son más de 200 millones en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia en los que prevalece esta práctica; y su cifra sigue creciendo cada año. 

Sin embargo, "aún hay esperanza", como recuerda en un comunicado Amref España, ya que cada vez más jóvenes reniegan de la MGF en comparación con la generación de sus progenitores. 

Amref, que trabaja junto a personal local en proyectos contra la MGF en varios países de África, recuerda que para acabar con esta práctica no solo hace falta penarla por ley -algo que ya hacen muchas naciones- sino también educación y concienciación. 

"Al ser algo cultural y ancestral, para erradicarla es esencial aliarse con las comunidades que la practican", explica esta organización sanitaria de origen y gestión africanos. 

Desde que comenzó a trabajar en proyectos de este tipo, Amref ha evitado la circuncisión de 17.000 niñas; gracias al apoyo de líderes locales y la celebración de ritos de paso a la edad adulta alternativos en los que no se produce el corte. 

"Ahora, los líderes ancianos conocen los peligros de la circuncisión femenina", expresa la adolescente etíope Kaiseyie Merin, de 13 años, y quien decidió no someterse a la MGF tras conocer los riesgos para la salud que acarrea, entre ellos, sangrados o infecciones. 

"Si los padres aún quieren realizar la mutilación genital a su hija esta puede denunciarlo a los ancianos, que hablarán con ellos y les explicarán los problemas que conlleva y que está prohibida por ley", detalla Merin en el comunicado de Amref. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este miércoles que cada vez es más habitual que la mutilación la realicen profesionales médicos, lo que sucede en uno de cada cuatro casos. Algunas de las legislaciones africanas, como la ugandesa, contienen penas agravadas si la ablación la realiza un profesional.