El grupo parlamentario de Vox en Illes Balears registró el pasado en el Parlamento balear una proposición de ley que para crear la "Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística".

Su misión sería la de "defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas", en concreto, "el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense". 

Es una de las medidas pactadas con el PP en el acuerdo con el que la ultraderecha dio su apoyo en la investidura, sin entrar en el Gobierno, a Marga Prohens.

Esta oficina tiene como tarea obligar a la Administración Pública balear –regional, municipal e incluso la Universidad– a que use el castellano y desmantelar la conocida como "inmersión lingüística" que se practica en el archipiélago desde 1986. Fue el año en el que se aprobó por unanimidad (también con los votos del PP) la Ley de Normalización Lingüística.

Vox considera que el objetivo de la inmersión lingüística es eliminar "de facto el español y su extirpación como lengua", "una normativa pancatalanista" que habría llevado a que, en Balears, haya un "abandono y destierro del castellano" que imposibilita su uso o que genera "amplias limitaciones" para emplearlo.

Régimen sancionador 

En su artículo 3, la proposición de Vox especifica que "las administraciones tienen el deber de emplear las dos lenguas oficiales en todas las comunicaciones, publicaciones y señalética". Contempla un régimen sancionador ante infracciones muy graves, graves o leves, con multas que van de los 10.001 euros a los 100.000; de 1.001 euros a 10.000 o de un euro a 1.000, respectivamente, aunque también habla de simples amonestaciones.

La proposición llega en plena arremetida de la derecha y la ultraderecha contra el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados que ha impulsado el Gobierno como guiño a las formaciones independentistas y nacionalistas de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez.

Ahora toda la presión queda en manos del PP, que tendrá que decidir su apoya una ley a propuesta de su socio de investidura, pero que contradice la línea que el propio partido ha desarrollado en las islas. Un voto en contra de esta proposición podría desembocar en que Vox ponga problemas para sacar adelante los Presupuestos regionales y hacer complicada la legislatura a un PP que depende del apoyo de Vox para casi cualquier propuesta legislativa en el Parlamento.