El juicio por la protesta Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, en el que hay 21 imputados, ha quedado visto para sentencia este viernes después de ocho sesiones en el juzgado de lo Penal número 20 de Madrid. Esta concentración fue una iniciativa multitudinaria contra la corrupción del Gobierno y el bipartidismo, que se celebró en el marco del 15M y la crisis económica.

La última sesión, celebrada este viernes, ha contado con la lectura pendiente del informe final de tres letrados, así como con el derecho a la última palabra de los acusados, del que solo cinco han hecho uso. Todas las defensas han pedido la absolución de los acusados, a los que la Fiscalía imputa delitos de desórdenes públicos o atentado a la autoridad, además de indemnizaciones a los agentes por las lesiones provocadas.

Al acabar el juicio, las sensaciones en las defensas eran "positivas", aunque llaman a la cautela porque aventuran unos meses de espera antes de que se conozca la sentencia, según han informado fuentes jurídicas.

Además, contemplan que el veredicto final no se conozca hasta después de Navidad, debido a la cantidad de documentación y testimonios recabados durante todo el proceso, tanto en la instrucción como en el propio juicio oral. De los 21 acusados por las protestas seis han pactado con la Fiscalía aceptar una condena y el pago de multas de hasta 1.320 euros para evitar el ingreso en prisión tras reconocer los hechos.

Las defensas critican la dilación excesiva en el proceso

En su turno de intervención, los letrados han detallado los "abusos y excesos policiales" denunciados durante el juicio por los acusados, y han criticado la dilación "excesiva" en el proceso, que ha durado 12 años.

"Esta instrucción ha causado un gravísimo perjuicio a todos los acusados", ha señalado una de las letradas en la lectura de su informe, en el que ha explicado que varios de los imputados han tenido que cambiar de abogado durante estos años.

Las defensas han coincidido en que la actuación policial durante la manifestación de 2012 estuvo llena de "irregularidades", algo que a su juicio ha quedado acreditado, y han vuelto a reiterar su petición de que se deduzca falso testimonio a varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el juicio.

Además han destacado las imágenes y los testigos que, en su opinión, desacreditan los atestados policiales y el relato de los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que han criticado por estar "cargado de contradicciones".

También han cargado contra la supuesta presencia de policías infiltrados en el denominado "bloque negro", grupo de individuos presente en el Rodea el Congreso que portaban banderas y palos y que, supuestamente, instigaron los enfrentamientos violentos contra las fuerzas de seguridad desplegadas.

"¿Qué hacen unos policías infiltrados en una manifestación comunicada? ¿Por qué visten igual que el denominado bloque negro?", se ha preguntado el letrado Ibarrondo Merino, para quien la detención de su cliente fue "ilegal" porque se había realizado una investigación previa "carente de cualquier tipo de cobertura legal". Las defensas han manifestado su "certeza" de que todos los imputados son inocentes, ya que se realizaron detenciones "aleatorias" y sin "fundamento legal".

Según los acusados: "en la vida" han cometido un delito

En su derecho a la última palabra, del que solo han hecho uso cinco de los imputados, han aseverado que tienen una conciencia moral "bastante elevada" porque "en la vida" han cometido un delito. Han pedido justicia para dar el "ejemplo correcto", ya que a su juicio la intervención policial del 25 de septiembre de hace 12 años no puede quedar "impune".