Las víctimas del franquismo continúan su lucha por recuperar una memoria arrebatada. Delante de los juzgados de Palma de la vía Alemania, la asociación Memòria de Mallorca interponía en la mañana del jueves seis denuncias (cuatro a los juzgados de Palma y dos al de Manacor) contra los crímenes de lesa humanidad aún sin resolver del franquismo.

Con ellas, la asociación pretende hacer frente al silenciamiento de las desapariciones forzadas que la represión franquista en la guerra civil dejó tras de sí en la isla y ante las que la justicia ha permanecido impasible. Secuestros, asesinatos, torturas y encarcelamientos sin juicio ni certificado de defunción fueron frecuentes durante los primeros años de la contienda. Estos crímenes eran a menudo ocultados por los sublevados, que inventaron falsas huidas de unas víctimas cuyo auténtico sino y su trágico paradero no ha podido ser reconocido hasta hace menos de una década.

Fue en 2016, coincidiendo con el cambio de partido, cuando el gobierno balear comenzó a realizar aperturas de fosas que permitieran esclarecer tan tormentosa realidad. Hasta entonces, sólo la asociación Memòria de Mallorca había realizado una exhumación por cuenta propia, y lo allí hallado coincidiría con el escenario que tantas otras veces hubiera de verse en la inspección de las demás fosas.

Decenas de asesinados, a menudo maniatados, todos con signos de agresiones con arma de fuego, evidencias de un disparo mortal, y muestras de violencia ejercida antes de morir demostraban que, contrariamente a lo mantenido por el régimen, aquellas víctimas ocultadas fueron sistemáticamente torturadas y ejecutadas en un proceso de depuración masivo.

A día de hoy, son 218 las víctimas que han podido ser rescatadas en busca de un enterramiento digno en Mallorca. La identificación de más de una treintena de ellas ha permitido que los restos sean entregados a los familiares, entre los que aún se encuentran hijos de los represaliados y a los que Memòria de Mallorca considera también víctimas cuya justicia busca restituir después de décadas de dolor, silencio y ocultación.

Por ello, tras la apertura de cada fosa, la asociación ha interpuesto insistentemente diversas denuncias que permitan reconocer los hechos como crímenes contra la humanidad. La respuesta, sin excepción alguna, ha sido la negación. Desde que la primera denuncia fuera desestimada en 2006 por el enjuiciado número 5, a cargo del entonces juez Baltasar Garzón, todas las sentencias han resultado ser un “copia y pega” de esta en las que, o bien se apelaba a la supuesta prescripción de dichos crímenes, no eran tratados como crímenes de lesa humanidad o eran a menudo soslayados arguyendo la existencia de una falsa amnistía.

Ante la presentación de estas nuevas denuncias, una por cada fosa hallada, Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dice albergar cierta esperanza en la Ley de Memoria Histórica, en la cual se trata la existencia de una nueva figura en la Fiscalía especializada en los crímenes cometidos por el franquismo. Esto contrastaría con el tratamiento recibido hasta la fecha, por el cual tanto víctimas directas como indirectas de los crímenes han carecido de todo amparo judicial. A esto, añade Antònia, se suma que ningún juez, ni por oficio ni por humanidad, ha acudido en ningún momento a ninguna de las exhumaciones que se han ido realizando.

En caso de no hacerse justicia por los asesinados de las fosas de Calvià, Llucmajor, Pou de S’Àguila, Marratxì, Porreres y Son Coletes, desde Memòria de Mallorca señalan su disposición a realizar concentraciones pacíficas, como se han venido realizando hasta la fecha, en las que participen familiares de las víctimas y en las que se reivindique la pronta restitución de una memoria digna. Desde la asociación recuerdan que “cuando asistimos a una exhumación, cuando miramos dentro de una fosa, lo que estamos viendo no son restos arqueológicos, son víctimas, lo que contemplamos es la máxima expresión de una gran injusticia”.