El funcionario madrileño Joaquín Borrego, asesinado en 1936, recibirá al fin una sepultura digna

Fusilaron a Joaquín el 16 de septiembre de 1936. Tenía 31 años. Su historia permanecería olvidada en el indigno columbario de las cunetas hasta el año 2006, cuando su hija Manuela decide perpetuar su historia y comenzar la búsqueda de su cuerpo. Este jueves, tras años de búsqueda, sus restos han sido identificados y su memoria podrá ser restituida con dignidad.

El 3 de septiembre del pasado año, la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad daba a conocer la identificación de Adolfo, Gregorio y Alberto, tres de los asesinados hallados en la fosa de La Riba de Escalote. Si bien la noticia suponía un considerable paso adelante en la restitución de la memoria de un país sin historia, era inevitable hallar cierto poso agridulce en una historia cuya resolución permanecía incompleta. Además de los tres mencionados, un cuarto cuerpo permanecía sin identificar.

Tras la comparación de materiales genéticos con los de las familias de otros extraídos de la cárcel el mismo día, Recuerdo y Dignidad ha dado a conocer que los restos hallados corresponden al funcionario madrileño Joaquín Borrego Reyes, trabajador en la capital soriana, en la que fue encarcelado para más tarde ser asesinado.

La trágica historia de Joaquín se iniciaría dos meses antes cuando, en la mañana del 21 de julio, dos policías conocidos del funcionario fueron a buscarlo para declarar y culparlo de un delito de auxilio y rebelión por su pertenencia al Partido Socialista. Su encierro inmediato en la prisión de Soria y más tarde en la cárcel de Almazán concluiría, junto con el de otros presos, en un paraje de la Riba de Escalote, cuando la camioneta en la que los llevaban atados de pies y manos paró, los hicieron bajar y les dispararon desde arriba.

Joaquín era un hombre madrileño nacido en enero de 1906, que se casó en 1932 con Romualda Juliana y que en 1934, tras aprobar la oposición a funcionario de Hacienda, se mudó con su mujer y sus dos hijas a Soria, donde se produciría su fatal desenlace.

Como en otros muchos casos, no se notificó su defunción, por lo que se le abrió expediente gubernativo por abandono del servicio. Es su mujer la que solicita su declaración de fallecimiento, ya en 1978. En la solicitud hecha por Romualda podemos observar cómo dan por fallecido a Joaquín Borrego a fecha del 31 de diciembre de 1946, diez años después desde que se tuvieron las últimas noticias; pese a que en varios documentos se reconoce explícitamente que fue detenido, encarcelado y fusilado-desaparecido.

La negación de una memoria digna para Joaquín y los asesinados en La Riba de Escalote continuó dilatándose en el tiempo hasta la actualidad, cuando, al interponerse una denuncia por delitos de lesa humanidad tras el hallazgo de los cuerpos y solicitarse la realización de pruebas de ADN, el juzgado de Almazán cerró la causa sin permitir la finalización de estas pruebas, lo que llevó a la asociación a buscar fuentes alternativas de financiación para demostrar que la identidad de los allí enterrados se correspondía con las de las víctimas.

La identificación de Joaquín Borrego como el último de los cuatro hallados en el paraje soriano desató la euforia en Recuerdo y Dignidad y colmó de alegría a su familia. Esta permitirá, además de curar a nivel histórico la inmensa herida que dejó tras de sí la guerra, enterrar sus restos con dignidad en una humilde ceremonia que se celebrará con la mayor prontitud y a la que acudirán sus dos hijas, que verán tardía y tristemente lograda una de la justas causas en las que han empeñado su vida.