La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y las expectativas que esa realidad le daba a la legislatura eran ya una discrepancia y un debate entre el PSOE y Sumar antes incluso de la conformación del Ejecutivo.

Tras el 23J, ambos partidos se sentaron a negociar un programa para constituir una coalición enfrentados por un elemento muy concreto: el enfoque que el nuevo Gobierno debía darle a la legislatura. 

Según trasladaban fuentes de Sumar en aquel momento, existían dos visiones diferentes sobre cómo debía abordarse el ciclo político y, en consecuencia, cuál debería ser el alcance del programa. La visión del PSOE se basaba en que, con una mayoría de derechas en el Parlamento y con un Gobierno en clara minoría, no se podía aspirar a una legislatura como la pasada, que se caracterizó por su importante producción legislativa.

Los de Sánchez, según trasladaba Sumar, veían complicado intentar desarrollar una legislatura de muchos avances y, por lo tanto, se resistían a introducir cuestiones ambiciosas en el programa con el objetivo de no defraudar las expectativas de la ciudadanía. 

Su propuesta se basaría en consolidar las transformaciones iniciadas en la pasada legislatura con leyes como la reforma laboral y con el desarrollo de los planes estratégicos sustentados por los fondos europeos (los denominados PERTE).

El debate sobre consolidar o avanzar

Sumar, en cambio, reivindicaba una legislatura en la senda de la anterior, con mucha producción legislativa y con un programa ambicioso y con medidas de calado, aunque sacarlas adelante implicara duras negociaciones para articular mayorías.

Un año después de ese debate, en el balance se está imponiendo el modelo de la legislatura de consolidación. La debilidad del Gobierno en el Parlamento y la dificultad para conciliar los distintos intereses de los grupos han alejado mucho el nivel de producción legislativa de este curso respecto al anterior.

Sacar leyes del Ejecutivo adelante es mucho más difícil, pero en el PSOE reivindican que esta cuestión no define la acción de Gobierno. El pasado fin de semana, Sánchez enviaba un mensaje a los grupos de la Cámara Baja para que fueran más constructivos en las negociaciones y aseguraba que se podía gobernar "sin el concurso del Poder Legislativo".

Pese a que después matizó en cierta manera sus palabras (manifestando su respeto por el Parlamento), no era la primera vez que el presidente traslada la necesidad de diferenciar la acción del Gobierno de la actividad legislativa en el Congreso. 

Durante el balance del año que el presidente realizó en julio, antes del parón estival, defendió que "en España siempre ha habido una concepción excesivamente legislativa de la acción del Gobierno. A menudo usamos el número de leyes aprobadas para medir la fortaleza o el rendimiento de un Ejecutivo, cuando en realidad es un indicador que nos habla más bien de la situación del Poder Legislativo, del Parlamento".

"Las leyes son muy importantes, pero lo sustantivo en el fondo es que las leyes es uno de los muchos instrumentos con los que cuenta el Ejecutivo para obtener resultados. Las leyes son un medio, no un fin, es el resultado el que cambia la vida de la gente. Y nuestros resultados creo que son muy buenos, están ahí para quien quiera verlos y compararlos", prosiguió.

La acción extraparlamentaria y los datos económicos

Durante este discurso, Sánchez dio otra clave: la acción de Gobierno se define por la marcha económica y las transformaciones del país. "Mientras España siga creciendo por encima de la media europea, creando empleo, liderando la transición ecológica, defendiendo intereses de la mayoría frente a la minoría privilegiada, nuestro Gobierno de coalición progresista tiene sentido y fuerza para continuar", defendió.

En cada comparecencia, Sánchez trata de combatir el marco de la legislatura improductiva (definido por la escasa actividad legislativa) y apunta a los buenos datos del empleo y a la buena marcha económica del país (que contrasta con la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias debido a problemas de calado como el precio de la vivienda o la inflación).

Desde Moncloa recuerdan cada vez que tienen ocasión que en el último año se ha transferido a la economía española casi 16.000 millones de los fondos europeos que han ido a parar a más de 300.000 beneficiarios, tanto de la Administración pública como de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Los PERTE que se comenzaron a poner en marcha en la pasada legislatura son uno de los elementos a los que más se aferra el Gobierno para defender su acción. Se trata de reconversiones profundas (muchas de ellas de carácter industrial y tecnológico) que aspiran a crear empleo de calidad y a potenciar un tejido productivo y un mercado de trabajo que siempre se han caracterizado por su fragilidad ante las crisis y la incertidumbre económica.

Además, el presidente también ha puesto como ejemplo de avance la resolución del conflicto político en Catalunya, que en los últimos años ha transitado desde el 1-O y la declaración unilateral de independencia hasta la conformación de un gobierno liderado por un socialista que fue investido gracias a los votos de ERC.

Otro de los asuntos, que además estuvo enquistado durante la pasada legislatura, fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que constituyó un auténtico quebradero de cabeza para Sánchez. La debilidad parlamentaria del Gobierno es una realidad actual y cada vez más constatable, pero poner el foco en la acción del Ejecutivo fuera del Congreso, así como fomentar una estrategia de consolidar lo aprobado, ya rondaban la cabeza del presidente incluso antes de ser investido.