Diez kilómetros y tres cuartos de hora en transporte público separan la calle Zurita, en Lavapiés, del centro de acogida temporal Las Caracolas (Madrid). Esta es la distancia que tiene que recorrer todos los días el hijo de Zohra para ir al colegio. El niño tiene ocho años y vive desde hace dos meses en uno de los 32 cubículos prefabricados que el Ayuntamiento de Madrid y el Samur Social tienen a disposición de las familias vulnerables en la periferia de la capital. Los viajes en metro y autobús, sin embargo, tienen las horas contadas. Zohra y su pequeño, desahuciados hace dos meses por su casero –propietario de 27 viviendas–, vuelven a quedarse en la calle este miércoles ante la "inacción" de las administraciones y los Servicios Sociales. 

Zohra y su familia vivían hasta el pasado mes de julio en un pequeño piso del centro de Madrid. El dueño del inmueble, un "gran tenedor", intentó expulsarlos hasta en dos ocasiones, pero el Sindicato de Inquilinas logró impedir los desahucios. A la tercera, fue la vencida. Hace 56 días, un ariete policial los echó de la que fue su casa durante diez años. El edificio era antiguo y las escaleras estaban visiblemente desgastadas. La pintura de las paredes quedaba eclipsada por el negro de las humedades y el techo se caía a pedazos. El juez rechazó todas las pruebas que demostraban las "condiciones de insolubilidad e inhabitabilidad" en las que residían, cruciales para "agilizar" la búsqueda de una alternativa habitacional.

Zohra lleva seis años esperando por un alquiler social en la Comunidad de Madrid, arrastra una discapacidad y tiene ambas piernas operadas. Un tribunal reconoció administrativamente su situación de vulnerabilidad y la familia consiguió esquivar dos desalojos. Las moratorias covid aprobadas por el Gobierno contra este tipo de expulsiones fueron clave para dilatar los plazos, pero terminaron cayendo en saco roto. Zohra, su marido –ahora en Marruecos– y su hijo se alojaron temporalmente en Las Caracolas. El centro, ocho semanas después, vuelve a darles la espalda.

"Zohra, sabes que estás temporalizada. Este miércoles tienes que abandonar el centro, no podemos darte más tiempo. Se te han dado todas las explicaciones". Esta es la respuesta que la coordinadora de Las Caracolas ofrece a la familia y al Sindicato de Inquilinas. Público ha presenciado el encuentro y en ningún momento la trabajadora del centro precisó las causas concluyentes de la expulsión. Zohra preguntó por esas razones, para tratar de "buscarles solución" si así tenía opciones de permanecer en el recinto.

El centro nació con la finalidad de "atender a las personas en situación de emergencia social y/o residencial", según explica el Ayuntamiento en su página web. Zohra asegura que "algunas familias llevan ocho meses alojadas", pero ella cuenta las horas para ver cómo la vuelven a poner con las maletas en la calle. "Cada familia tiene su situación, todo está explicado", responde la coordinadora de Las Caracolas. Zohra le recuerda que no tiene ningún escrito con los motivos, igual que tampoco firmó la carta de expulsión. Es en este punto de la conversación cuando la coordinadora accede a reunirse de nuevo con ella, pero veta la entrada de las compañeras del sindicato.

Una docena de activistas se concentraron este martes a las puertas del recinto, vallado por completo, con una estética "presidiaria" y una única puerta de entrada. El Sindicato de Inquilinas llegó a Las Caracolas con el objetivo de "dialogar" y proponer soluciones. La coordinadora del centro, reacia a dar cualquier tipo de explicación, les pidió esperar fuera "para garantizar el buen funcionamiento" del albergue. Luego, encerró a Zohra en una sala, donde la invitó a "buscar piso fuera de Madrid", porque "saldría seguramente más barato". Mientras, movilizó a cuatro patrullas de Policía para tratar de intimidar a los activistas provivienda desplazados en la zona. 

Zohra salió del despacho prácticamente igual que había entrado, con la percepción de que los organismos competentes seguían un criterio claramente racista. "A las familias marroquíes las echan en cuanto pueden, pero otros habitantes llevan cinco, seis y hasta ocho meses aquí", insiste. La coordinadora del centro le dio un papel escrito a mano que tampoco recogía las particularidades de su caso. Lo único que le dicen es que "ha agotado el tiempo permitido" y que "no ha buscado activamente trabajo", aunque no son capaces de certificarlo con pruebas.

"Las autoridades aseguran que Zohra ha tenido tiempo suficiente para encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos", detallan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los propios activistas le han echado un cable, pero los precios son imposibles. La familia vive con una pensión y un modesto Ingreso Mínimo Vital, tal y como ha contado Zohra en esta entrevista con Público. Los alquileres en la capital rondan los 1.400 euros al mes y exigen un contrato fijo, y un año de trabajo estable. El centro tenía la misión de facilitarle una alternativa, pero Zohra denuncia que "ni siquiera lo intentaron". Servicios Sociales tampoco contempla la posibilidad de trasladarla a otro albergue. 

El trabajador social de Las Caracolas ha rechazado reunirse con la familia este fin de semana, incluso sabiendo que Zohra y su hijo de ocho años cuentan las horas para quedarse en la calle. El empleado del centro tampoco ha permitido la mediación del sindicato. Zohra tenía una cita programada con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, para buscar un techo bajo el que dormir, pero el Consistorio ha retrasado el encuentro hasta después del desalojo. Zohra no tiene amigas que la puedan hospedar, ni un lugar para cubrir sus necesidades básicas y las de su hijo. La familia lleva desde 2018 esperando por una opción de alquiler social y agradece la compañía durante todo el proceso del Sindicato de Inquilinas.

"Zohra, no podemos dedicarte más tiempo. Estás informada, sabes cuál es la situación. La temporalidad máxima se ha excedido". La coordinadora del centro cruzó la valla en una segunda ocasión, pero desestimó de nuevo las propuestas del sindicato. La trabajadora zanjó con un portazo cualquier posible debate. Los inquilinos viven en casetas de obra, sin cocina ni visitas. Los menús son "deficientes" y muchas veces "no pueden entrar con comida del exterior". Zohra hace una última llamada de auxilio y recuerda lo que más le asusta de quedarse en la calle: la separación definitiva de su hijo. "El Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Todos me han fallado", sentencia.