El Pleno del Senado celebra este miércoles nuevamente el debate y votación sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas. Es la segunda vez que llega a la Cámara Alta tras recibir hace unos días el aval del Congreso. Pero la mayoría absoluta del PP lo tumbará de nuevo, salvo sorpresa. 

¿Qué implica esta decisión de los populares? Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, han sido claros al respecto. El PP se está tirando piedras sobre su propio tejado. Es decir, rechazar la senda de déficit provocará un efecto inmediato en el margen de gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estas administraciones, muchas de ellas gobernadas por el PP, podrán dedicar menos volumen de presupuesto para servicios públicos. Una situación que según fuentes de Moncloa es "grave" por la incidencia directa, de forma negativa, en la vida de la ciudadanía. 

Cuando decaigan los objetivos de estabilidad en el Senado, el Gobierno basará las cuentas en la senda remitida a Bruselas en abril en lugar de en la defendida actualmente, que tiene el mismo objetivo global, un 3% de déficit público para 2024, pero es más exigente en el reparto con comunidades autónomas. 

Concretamente, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas perderán una décima del Producto Interior Bruto (PIB) que tiene cada una. El PP gobierna en 10 comunidades autónomas y cogobierna en otras dos. En cifras globales, esta pérdida, según los datos de Hacienda, suponen cerca de 1.000 millones de euros. Concretamente 989,7 millones de euros. 

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid que gobierna Isabel Díaz Ayuso, el efecto de que el PP tumbe la senda de déficit es que tendrá 284,2 millones de euros menos de margen de gasto. En la Andalucía que gobierna Juanma Moreno Bonilla la pérdida es de 195,7 millones de euros. Y en el País Valencià, gobernado por Carlos Mazón, de 137,2 millones de euros. 

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, no podrá gasta 75,8 millones de euros. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, perderá 69,7 millones; Jorge Azcón, presidente de Aragón, 45,3 millones; Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, 38,8 millones; Marga Prohens, presidenta de Illes Balears, 38,5 millones; María Guardiola, presidenta de Extremadura, 24,4 millones y, por último, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, dejará de gastar 10,3 millones de euros. 

Respecto a las Islas Canarias y Cantabria, comunidades donde el PP forma parte de los Gobiernos de Coalición Canaria y PRC, las pérdidas son de 53,2 y 16,6 millones de euros, respectivamente. 

La decisión del PP también afecta, obviamente, a las comunidades donde no gobiernan. En Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de Emiliano García Page, la pérdida supondrá poder gastar 50,7 millones de euros. En Asturias, gobernada por Adrián Barbón, es de 28,04 millones y en Navarra, que preside María Chivite, de 24,5 millones de euros. 

Euskadi y Catalunya tampoco se escaparán de las consecuencias del veto del PP en el Senado. En la primera comunidad autónoma, gobernada por el PNV de Íñigo Urkullu, la pérdida es de 86,1 millones de euros. Y el Govern que lidera Pere Aragonès no podrá gastar un total de 277 millones de euros. 

Las excusas del PP 

Desde las filas del PP argumentan que su voto en contra se basa en "las faltas de respeto del Gobierno de Sánchez al principal partido de la oposición". Señalan los populares que "les tendieron la mano" para incluir en las negociaciones presupuestarias una serie de bajadas generalizadas de impuestos. 

Por su parte, Montero acusa al PP de "actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas" donde gobierna. Algo que considera  "incomprensible" porque "lo que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios públicos que se gestionan en las administraciones territoriales".

"Lo podrán disfrazar como quieran, pero lo que están haciendo es impedir que las administraciones territoriales tengan mayor espacio fiscal y más recursos", añadió recientemente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. 

Mientras tanto, en el Gobierno siguen convencidos de que sacarán adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las conversaciones ya están en marcha desde hace varias semanas y en las filas socialistas asumen que el voto favorable de Junts irá aparejado al desbloqueo de la ley de amnistía, que se prevé visibilizar de forma inminente.