Dos magistradas y dos magistrados compiten por la presidencia de dos salas del Tribunal Supremo: Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta han presentado su candidatura para sustituir a Manuel Marchena en la Sala de lo Penal; y Pilar Teso y Pablo Lucas se enfrentarán por la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

El juez Marchena termina su mandato el próximo 5 de diciembre, tras diez años como presidente del Sala de lo Penal, la joya de la corona del Supremo encargada, entre otras cosas, de la investigación y el enjuiciamiento de las personas aforadas, como diputados, miembros del Gobierno y el fiscal general del Estado. La ley prohíbe repetir un tercer mandato. 

Andrés Martínez-Arrieta es el miembro más veterano de la Sala de lo Penal, el que acumula más experiencia. De ser elegido, se daría el caso de que tendría que jubilarse ante de terminar el mandato de cinco años, ya que cuenta ahora con 69 años.

Esta circunstancia juega en su contra, según indican fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, pese a esto, reconocen que es el candidato mejor posicionado; de hecho, cuando cese Marchena, él será el encargado de sustituirle en la presidencia precisamente por ser el que tiene más edad. 

Y es el mejor posicionado, pese a que pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y no a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, porque el bloque conservador del CGPJ le ve con mejores ojos que a la otra candidata, la progresista Ana Ferrer. 

Ferrer fue una de las candidatas del bloque progresista, junto a Pilar Teso, para presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Supremo. La pugna por dotar de nueva presidencia al Poder Judicial, tras la renovación del CGPJ, fue intensa y se resolvió dos días antes de la inauguración de año judicial. 

Ana Ferrer, perteneciente a la asociación judicial progresista Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), quedó marcada para el sector conservador por su voto discrepante contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiar por malversación a los líderes del procés catalán. 

De nuevo, el pacto entre los dos bloques ideológicos se hace imprescindible. El candidato elegido necesita sumar al menos 13 votos de los 20 del pleno; y cada sector cuenta con 10 vocales, aunque la presidencia, Isabel Perelló, que cuenta con voto de calidad, es del bloque progresista.  

Para el sector progresista es fundamental que la cúpula judicial refleje paridad y así lo han dejado claro en las reuniones del CGPJ, indican fuentes de dicho bloque. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar han planteado que dos de las cuatro presidencias que se han de renovar deberían ser ocupadas por mujeres para cumplir con la ley de paridad.

Para los conservadores, la paridad debería reflejarse en la totalidad de la magistratura del Supremo y no en las presidencias de la salas. La presidenta del CGPJ ha pedido un informe al servicio jurídico sobre la paridad en la cúpula judicial, de cara a evitar las fotografías llenas de magistrados y nula o escasa presencia de mujeres.