Este artículo se publicó hace 8 años.
Los Verdes europeos reclaman a Rajoy que apoye su normativa para proteger a los filtradores
El grupo en la Eurocámara critica que la nueva Directiva de Secretos Comerciales deja sin protección a quienes destapen casos de corrupción o irregularidades de las corporaciones
-Actualizado a
MADRID.- El grupo de Los Verdes- Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha dirigido una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para poner sobre la mesa la "urgente necesidad" de promulgar leyes para la protección de filtradores o whistleblowers en la Unión Europea. Con la misiva ha presentado también su proyecto de directiva sobre la protección de denunciantes diseñada para ser "aplicable en toda la unión", presentada formalmente en Bruselas el pasado 4 de mayo.
La carta llega tras la reciente aprobación de la Directiva Europea de Secretos Comerciales (Trade Secrets) criticada por grupos como Los Verdes o Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL). En su opinión, esta iniciativa "podría comprometer la protección de los denunciantes de secretos", al incorporar una vaga definición del concepto secretos comerciales.
El grupo recuerda en su misiva que escándalos como el de los Papeles de Panamá o LuxLeaks han sido desvelados por denunciantes que han desempeñado un papel clave para que estos salgan a la luz. Denunciantes que "han tenido acceso a información privilegiada para exponer públicamente actividades ilegales y malas prácticas".
El texto recuerda también que tras la aprobación de la polémica directiva las informaciones reveladas serían susceptibles de considerarse secreto comercial, sobre todo "si se considera la amplia definición de secreto comercial contemplada en la directiva".
Los Verdes temen que aunque la norma contemple una excepción específica para este tipo de informaciones, "aún no existe una protección legal para los denunciantes".
El eurodiputado Ernest Urtasun arguye que "sería irresponsable adoptar la directiva de secretos comerciales sin garantizar niveles mínimos básicos de protección de los denunciantes en toda la Unión".
Para Urtasun las últimas novedades en el juicio de LuxLeaks -que se celebra en Luxemburgo- ponen de manifiesto esta necesidad: el fiscal ha pedido 18 meses de prisión y una multa para los dos filtradores implicados, así como una multa para el periodista que informó sobre el escándalo de los trajes fiscales a medida para más de 300 multinacionales.
Por su parte, el eurodiputado de este grupo Jordi Sebastiá afirma que "es necesario que haya un nivel básico de protección para los filtradores en toda Europa", ya que "actualmente no hay ninguna protección para ellos en algunos estados miembros". Según Sebastiá, la propuesta de su grupo protegerá a los informadores que revelen casos sobre entidades pertenecientes tanto al ámbito público como al privado, y promoverá la calidad del contenido de las filtraciones en su voluntad de proteger el interés común. "Los secretos empresariales no pueden estar blindados, mientras los que revelan el fraude fiscal o comportamientos ambientales irresponsables son perseguidos", sentencia.
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