Las primarias de Alfonso Fernández Mañueco de 2017 llevan bajo sospecha desde que en 2019 una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Salamanca mostrara indicios de pruebas sobre la financiación ilegal del PP en esta provincia para llevar al actual presidente Castilla y León a ser líder de su partido en la comunidad. El objetivo era poder optar a la Presidencia en unas elecciones que perdió, pero en las que pudo hacerse con el poder gracias al pacto de Gobierno con Ciudadanos.

La Audiencia Provincial ha confirmado la imputación por la presunta financiación ilegal de las primarias de Mañueco -según adelanta eldiario.es y ha podido ratificar Público- al propio Partido Popular, al presidente del PP en Salamanca, Javier Iglesias, que también es presidente de la Diputación Provincial, y la gerente de esa agrupación, Isabel Sánchez, que es la mujer del senador popular Bienvenido de Arriba.

El adelanto electoral de Mañueco en Castilla y León, que ha permitido por primera vez a Vox formar parte de un Gobierno autonómico, trataba de evitar que esta decisión judicial le explotara en la cara y pudiera perjudicarle en su campaña electoral.

Sin afiliados suficientes

Las cosas se complicaron para Mañueco una vez anunció que competiría en esas primarias contra el alcalde de León, cuando descubrieron que la mayoría de los afiliados al PP en la comunidad no estaban al día en sus cuotas y, por tanto, no podrían votar en esos comicios internos.

 El resultado del proceso de primarias fue que Mañueco ganó por una abrumadora mayoría con el 67,59% de los votos gracias, en parte, a la masiva votación que se produjo en Salamanca.

Ya entonces, tanto los medios de comunicación como la oposición se extrañaron del alto porcentaje de participación de unos militantes del Partido Popular que, en más del 80% de los casos, no estaban al día en las cuotas al partido, requisito estatutario imprescindible para que los afiliados pudieran ejercer su derecho de voto.

En el escrito presentado ante  la Fiscalía en 2019, dos años después de la celebración de las primarias, se puso de manifiesto que, en marzo de 2017, Alfonso Fernández Mañueco reunió en la sede del partido en Salamanca a concejales del ayuntamiento de la capital -que él presidía- y a diputados provinciales de Salamanca -que controlaba políticamente como presidente del partido en la provincia-, para pedirles su apoyo en las primarias que el PP iba a celebrar en Castilla y León. Ya en ese momento les dice también, según el escrito, que“aunque no me gusta hablar de estas cosas, se os pedirá un pequeño esfuerzo económico".

Pocos días después, las dos personas de máxima confianza de Fernández Mañueco como todavía alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo -su sucesor en la Alcaldía- y Fernando Rodríguez, teniente alcalde del mismo consistorio y ‘hombre fuerte’ del equipo de Gobierno, inician conversaciones con "todos los concejales del Ayuntamiento de Salamanca y diputados provinciales, así como asesores del PP puestos a dedo" -según expresa la denuncia- para que entreguen distintas cantidades de dinero para poder poner al día de las cuotas a los socios y que así pudieran votar en las primarias por Alfonso Fernández Mañueco.

En concreto, el escrito hablaba de “500 euros en caso de los cargos electos y 300 en caso de los asesores". Esta “donación", que dentro del PP se bautiza con ironía como "el impuesto revolucionario", según se destacaba en la denuncia, debe hacerse en metálico y sin que medie documento, factura o acuse de recibo alguno por escrito.

Compra de votos

Durante el proceso judicial, hasta que la Audiencia Provincial se ha ratificado en su imputación, la acusación popular ha defendido que el presidente Mañueco compró "con su dinero a afiliados para que le votasen".

Para intentar cuadrar las cuentas que el PP presentó ante el juez instructor del caso, los abogados del presidente entregaron este mismo año al magistrado documentos para probar que el líder popular aportó en metálico 1.000 euros de cuotas impagadas de militantes para sus primarias.

En unas duras alegaciones, frente a la documentación presentada por Mañueco a través de su amplio equipo de letrados, el abogado de la acusación popular, Francisco Martín del Río, calificó en marzo esta estrategia legal "como prefabricadas declaraciones juradas" a las que tachaba de "burdas testificales encubiertas".