Unidas Podemos teme que Sánchez se aleje de un fin de legislatura progresista tras la cumbre de la OTAN y la masacre de Melilla

El viernes 24 de junio fue un día complicado para el Gobierno de coalición. Hasta 37 personas murieron en una actuación de la gendarmería marroquí tratando de cruzar a territorio español por la valla de Melilla esa mañana. Durante esa tarde y hasta bien entrada la noche, el PSOE y Unidas Podemos estuvieron sentados en una mesa de negociación para cerrar las medidas de la prórroga del denominado decreto anticrisis.

No lo lograron, y el sábado por la mañana, a escasos minutos de que se iniciase el Consejo de Ministros que tenía que aprobar la norma, no estaba claro que medidas como el cheque de 200 euros para las familias más vulnerables fueran a salir.

Finalmente se cerró un acuerdo sobre la bocina, y el decreto incluyó todas las medidas de protección que Unidas Podemos y algunos socios del Gobierno, como EH Bildu, habían puesto sobre la mesa (reducción del abono transporte, el cheque, la subida de un 15% de las pensiones no contributivas...).

Pedro Sánchez salió a la sala de prensa de La Moncloa a dar cuenta del decreto y a explicar que, aunque finalmente el impuesto a las grandes eléctricas no llegará hasta principios del próximo año, en el Ejecutivo están convencidos de que estas corporaciones deben contribuir más por sus beneficios extraordinarios. "Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios tienen que aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo. Somos una comunidad, no una suma de individuos", dijo.

La prórroga del plan anticrisis no era un decreto más para el Gobierno de coalición. Más allá del alcance y cobertura de sus medidas en un momento de crecimiento histórico de los precios y de pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, representaba la primera acción política del Ejecutivo tras el fracaso de PSOE y de Unidas Podemos (así como de la izquierda en general) en las elecciones de Andalucía, que parece haber constatado el momento de auge de las derechas que se vive en la actualidad.

Pero el impacto en la agenda política de esta norma y del mensaje de Sánchez sobre los beneficios de las eléctricas quedaron eclipsados casi por completo por dos palabras pronunciadas por el presidente. "Bien resuelto"; así se refirió el líder del Ejecutivo al incidente que terminó con la muerte de 37 personas en la valla de Melilla tras una actuación policial marroquí que, al menos de momento, resulta tan polémica como opaca.

La OTAN seguirá muy presente en las próximas semanas

El lunes se siguió hablando del incidente de la valla, y el asunto compartió protagonismo con el otro gran tema de la semana: la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. En esta ciudad, que ha tenido uno de los mayores despliegues policiales de la historia en los últimos días, Sánchez y Joe Biden pactaron reforzar la presencia militar de Estados Unidos en territorio español dotando de más efectivos la base naval de Rota (Cádiz).

La reacción del presidente (y también del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska) a la masacre en Melilla y los acuerdos en el seno de la OTAN y con Estados Unidos para aumentar el presupuesto en Defensa y reforzar la presencia de efectivos militares y armamento han encendido las alarmas de Unidas Podemos.

En el espacio confederal han mantenido un perfil bajo durante la celebración de la cumbre, a la que no acudieron, tras avisar la parte socialista del Ejecutivo que este cónclave era esencial para el país. Sin embargo, la OTAN y lo sucedido en Melilla parecen haber desviado la hoja de ruta que el Ejecutivo tenía previsto configurar tras el fracaso en las elecciones andaluzas.

En UP consideran que estas dos cuestiones han logrado enterrar el impacto de un decreto anticrisis que se había configurado como una seña de identidad del Gobierno y como la principal respuesta política al auge de la derecha y de la extrema derecha constatado en los últimos comicios autonómicos. El lunes, en plena polémica por lo sucedido en Melilla y a las puertas de la cumbre de la OTAN, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, trató de colocar de nuevo el decreto en la primera página de la agenda política.

En un acto organizado por el Ministerio de Igualdad, Díaz recordó su importancia y desgranó algunas de sus medidas más relevantes, pero no tuvo éxito. La cumbre de la OTAN, además, no se va a quedar en una semana que pueda cerrarse para que el Gobierno de coalición se centre en otras prioridades.

Este cónclave ha dejado dos efectos que marcarán buena parte de lo que queda de año. El acuerdo entre Sánchez y Biden para reforzar la presencia militar estadounidense en Rota tiene que ir primero al Consejo de Ministros y después al Congreso.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos mantendrá en las próximas semanas una reunión para decidir el sentido de su voto, aunque ya dejan claro que este pacto no les gusta y no está en sintonía con la agenda progresista que se convirtió en una prioridad tras las elecciones andaluzas.

La votación no corre peligro en la Cámara Baja, ya que el PP, previsiblemente, la apoyará y sumará mayoría absoluta con los socialistas. Sin embargo, si UP o los partidos del bloque de la investidura (o quizá ambos) deciden no respaldar el acuerdo, se puede producir una imagen del PSOE votando en el Congreso con los conservadores y con la ultraderecha de Vox, que también podría decidir apoyarlo.

Más adelante, después del verano, la OTAN seguirá muy presente. Los de Sánchez y los de Yolanda Díaz se sentarán a negociar los Presupuestos de 2023, los últimos de la legislatura. En el espacio confederal tienen el objetivo de hacer de estas cuentas el broche a un ciclo político progresista que apueste claramente por medidas sociales que manden un claro mensaje a un electorado de izquierdas desmovilizado.

En estos PGE, sin embargo, el PSOE incluirá el aumento del gasto militar pactado en el seno de la Alianza Atlántica, una inversión con la que UP no está de acuerdo. La denominada "agenda progresista" del Ejecutivo afronta más contradicciones que nunca a un año de que se celebren elecciones generales y en pleno auge de las derechas, y los socios de Gobierno librarán una batalla por marcar el signo político de la recta final de la legislatura.