Unidas Podemos ha propuesto este miércoles al resto de grupos parlamentarios una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer las prácticas llevadas a cabo por la empresa Uber en nuestro país, difundidas recientemente por varios medios de comunicación.

Rafa Mayoral, diputado de Unidas Podemos y portavoz en la Comisión de Transportes ha explicado en declaraciones remitidas a medios: "Hemos ido conociendo una serie de noticias en las que se ve con claridad que existieron estrategias de evasión fiscal, estrategias para influir en poderes públicos y para romper la legalidad donde se implantaba la corporación".

"Es un escándalo de tremendas proporciones que pone en riesgo el ordenamiento jurídico de las democracias del mundo. Creemos que es el momento de que esto no pase desapercibido, es necesario investigar", ha añadido.

Lo que Unidas Podemos propone en esta nueva comisión es "investigar las prácticas de entrada en el mercado por vías de hecho en contra de la aplicación de las leyes vigentes en materia fiscal, laboral, consumidores, competencia, derecho de asociación y derecho a una información veraz" e "investigar las prácticas de presión contra representantes públicos tendentes a legalizar la situación de hecho provocada por su entrada en contra de la legalidad".

Asimismo, analizará "las debilidades del ordenamiento jurídico español y europeo para enfrentar las prácticas abusivas de transnacionales que pretendan introducirse en el mercado en contra del marco regulatorio" y la posible "presión, favor o retribución a funcionarios y autoridades para que actúen en favor de la corporación y en contra del interés general".

La estrategia del caos 

Hace diez días el diario The Guardian filtró más de 124.000 documentos bautizados como los papeles de Uber. La información mostraba hasta qué punto la compañía del cofundador y exdirector general Travis Kalanick aprovechó ese caos para expandirse por 40 países. La investigación, que fue llevada a cabo junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló una posible estrategia de la empresa para entrar en mercados europeos a través de prácticas ilegales, mecanismos de presión a las autoridades y llevando a cabo campañas de desinformación.

En el caso de España, Uber se aprovechó de la tensión política entre Madrid y Barcelona para presionar e imponer sus condiciones en el país. Concretamente, la compañía se centró en presionar a Barcelona y Madrid y aprovechó la rivalidad entre el Gobierno central y el Govern para forzar un pronunciamiento en favor de la liberalización del sector o provocar que alguna de las partes decidiese antes sobre la regulación de los VTC. Incluso hablaban de convencer a los Mossos para que no multasen a los conductores y se centraran en los taxistas "violentos".

De hecho, tras su cese en España, se filtraron conversaciones en las que se aspiraba a presionar e investigar al primer juez español que lo decretó, el magistrado Andrés Sánchez Magro, para tratar de encontrar sus debilidades: "Sería útil tener información sobre el juez, encontrar sus debilidades y aprovecharlas".