Unidas Podemos advierte a Mañueco que aplicar un protocolo antiabortista podría incurrir en el nuevo delito de coacciones

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha lanzado una alerta al Gobierno de  Castilla y León por si finalmente aprueba el protocolo antiabortista que reclama Vox y pone como condición para no salir del ejecutivo presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco.

En rueda de prensa, Asens ha advertido de que obligar a las mujeres que acudan a abortar a escuchar el latido fetal o enseñarles una ecografía 4D podría incurrir en el nuevo delito tipificado en el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

El nuevo artículo 172, que entró en vigor el 14 de abril, castiga con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a quien obstaculice el ejercicio de este derecho acosando "a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".

Además, contempla el mismo castigo para quien, en la forma descrita anteriormente, "acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo".

Aunque Asens ha dejado claro "hay que ver el contenido preciso" de ese protocolo si al final llega a aprobarse, una posibilidad que el propio presidente de la Junta de Castilla y León desechó este mismo lunes en una declaraciones institucional sin preguntas, ante el órdago lanzado por Vox este martes, el presidente del grupo confederal ha señalado que estarán "atentos porque si eso sucede, vamos a emprender las acciones legales oportunas que estén a nuestros alcance".

"No solo incumbe al Constitucional, sino a los ordinarios", ha añadido en referencia al "requerimiento de incompetencia" que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este martes para que la Junta se abstenga de adoptar "cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".