"La ideología woke controla democracias y gobiernos, su propósito es muy sencillo: acabar con las familias tradicionales", proclamaba el congresista estadounidense Andy Harris. "Estamos viviendo una época en la que el aborto y la eutanasia son exaltados como derechos, cuando en realidad son el derecho a la muerte", añadía Neydy Casillas, miembro de Global Center for Human Rights. "La democracia no tiene sentido si no defiende la vida desde su concepción hasta su muerte natural", ha continuado Ignacio Garriga, secretario general de Vox. Con estas y otras declaraciones del estilo, la VI Cumbre Transatlántica, organizada por la Red de Valores Políticos y celebrada este lunes en el Senado gracias al apoyo del Partido Popular, se ha posicionado como uno de los grandes altavoces de la agenda ultraconservadora.

El evento ha reunido a políticos, líderes religiosos y activistas de corte reaccionario provenientes de Europa, América Latina, África y Estados Unidos para abordar lo que denominan la "amenaza global" progresista, encabezada por Naciones Unidas y la Agenda 2030, contra la "familia natural" –critican todos los modelos que trascienden la heterosexualidad y los roles patriarcales tradicionales–, la "cultura de la vida" y la "libertad" –consideran todo avance en materia de derechos universales un retroceso–. 

La narrativa de la cumbre ha girado durante todo el día en torno a la "guerra cultural", articulada como una lucha contra lo que los ponentes han calificado como "dictadura woke". Una visión que han utilizado como eje para criticar políticas migratorias inclusivas, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y las personas LGTBIQ+, y el resto de avances en materia de igualdad de género.

Para ello, se han apoyado en algunas mentiras como que las legislaciones actuales "persiguen a objetores de conciencia" o que el feminismo quiere que las mujeres "se desliguen de la maternidad". Incluso hay quien ha llegado a calificar la transición de género en menores como una forma de "maltrato infantil" o que ha comparado el derecho al aborto con la esclavitud, como Jaime Mayor Oreja.

De esta forma, la congregación ultra ha dejado claras sus intenciones: articular una estrategia conjunta entre actores ultraconservadores para "frenar" el avance de políticas en materia de derechos humanos. El secretario de Culto y Civilización en el Gobierno de Javier Milei, Nahuel Sotelo, presente en el acto, ha animado a "presionar a los gobiernos" para contrarrestar lo que ha descrito como una instrumentalización de organismos internacionales por parte de las fuerzas progresistas. En este marco, los ponentes han reivindicado figuras como la de Donald Trump, Javier Milei o Georgia Meloni, y han urgido a replicar estos modelos en el resto de países. 

Miembros del Gobierno, ERC, Más Madrid, el PSOE y diferentes colectivos y activistas feministas han criticado que se haya cedido este espacio público, que simbólicamente representa la soberanía popular, para promover agendas que consideran contrarias a los derechos humanos. 

Los discursos pronunciados, con su tono apocalíptico y su apelación a valores reaccionarios, han encendido las alarmas entre quienes defienden la democracia y los derechos fundamentales. En palabras de una de las feministas que se han manifestado a las puertas del Senado a primera hora: "El verdadero invierno demográfico es el que quieren imponer, donde solo algunos tienen voz y derechos, y el resto callamos y obedecemos".

El Partido Popular, sin embargo, ha defendido su decisión en nombre de la pluralidad. Para la dirección nacional del PP, se trata de un ejercicio de libertad de expresión que ejemplifica su "respeto a la diversidad de opiniones". Si bien hablamos de una idea de "libertad" que se ha confirmado como un concepto profundamente selectivo y excluyente.