Partidos políticos y organizaciones civiles de toda Europa llevan años alertando de los riesgos del polémico CETA, pero el Congreso de los Diputados ya ha rechazado que el Tribunal Constitucional examine el texto del acuerdo comercial entre Canadá y la UE.

El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea lleva este miércoles al Pleno de la Cámara Alta una nueva iniciativa para que el Alto Tribunal revise el texto, que ya ha recibido luz verde de la Cámara Baja y de hecho entró en vigor casi en su totalidad el pasado jueves, aunque todavía no ha sido ratificado por todos los parlamentos de los 28.

Idioa Villanueva, senadora de Unidos Podemos, asegura a este diario que es "razonable" pedir el Control Previo de Constitucionalidad "antes de tomar una decisión tan importante" como la ratificación del tratado: "Pensamos que hay ciertos articulados que vulneran la constitucionalidad". "Sólo estamos pidiendo al Tribunal que se pronuncie y nos asegure que el CETA cumple nuestra Constitución", defiende la senadora navarra, que recuerda que el tratado "ha sido negociado de espaldas a la ciudadanía", sin que existiese "debate social en profundidad, y ni siquiera parlamentario".

No obstante, la mayoría absoluta del PP en la cámara garantiza que no prosperará la propuesta de Unidos Podemos, que sí secundan Compromís, Bildu y ERC -aunque fuentes de Esquerra avanzan que no participarán en la votación, al coincidir con la recta final de la campaña para el 1-O-. Ni siquiera con el apoyo del grupo Socialista, que no ha aclarado a Público su posición, podrían evitar que la iniciativa quedase en agua de borrajas. No obstante, desde el grupo confederal inciden en que el respaldo del PSOE mandaría un fuerte mensaje político.  

Teniendo en cuenta que el Partido Socialista votó en contra de la misma iniciativa en la Cámara Baja -como PP y Ciudadanos-, y que cambió a la abstención en la ratificación del acuerdo en el Congreso por decisión de Pedro Sánchez, previsiblemente mantendrá esta posición en la votación de este miércoles.

"Mañana el PSOE  tiene una nueva oportunidad para saber dónde se quiere posicionar respecto al CETA", apunta Villanueva, que recuerda que durante la ratificación del tratado el partido de Sánchez justificó su abstención "por sus dudas sobre la constitucionalidad del CETA". "A los que se manifiestan constitucionalistas: mañana tienen la oportunidad de demostrar si lo son o no", apostilla.

El escrito registrado por Unidos Podemos al que ha accedido este diario, fechado el 4 de julio, será presentado este miércoles en rueda de prensa antes de llegar al Pleno, y centra la mayor parte de sus recelos sobre el tratado en los polémicos tribunales de arbitraje con los que las empresas podrán demandar a Estados por cifras millonarias. Estos tribunales privados no entrarán en funcionamiento hasta que el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) haya sido refrendado por todos los parlamentos nacionales y varias cámaras regionales de los Estados miembros.

Si esta iniciativa no prospera, Villanueva explica que el acuerdo continuará su tramitación y pasará a la Comisión de Exteriores, para después ser remitido al Pleno para su ratificación. De hecho, se da la circunstancia de que el Gobierno de Bélgica ha remitido el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que valore si cumple con el derecho comunitario, pero el Ejecutivo español no ha contemplado paralizar su tramitación para escuchar el pronunciamiento del TJUE. 

La Campaña no al TTIP anuncia sus nuevos pasos

Por su parte, desde la Campaña Estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a 350 organizaciones sociales, sindicales y medioambientales, dan la bienvenida a la iniciativa de Unidos Podemos -participarán en la rueda de prensa en el Senado-, y ponen como ejemplo el camino trazado por Bélgica para examinar los resquicios del acuerdo: "Si el Gobierno belga ha pedido un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la protección al inversor en el CETA es compatible o no con el derecho comunitario respecto a los derechos fundamentales, debería ser de sentido común pedir una opinión al Tribunal Constitucional al respecto", afirman Tom Kucharz y Francesca Riccardi, portavoces de la Campaña. "Siendo sinceros", apuntan, "tenemos poca fe en dicho Tribunal, viendo cómo se está utilizando estos días para violar las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía catalana".

Además de denunciar el funcionamiento del sistema de arbitraje -"Es discriminatorio"-, añaden que el CETA "limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas". "Es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla y de una regulación de interés público la excepción", sentencian.

En la misma línea, Kucharz y Riccardi avanzan cuáles serán los próximos pasos de la campaña para intentar frenar el criticado acuerdo: "Vamos a pedir a los grupos parlamentarios del Senado la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación provisional del CETA, o bien de expertas/os como se ha hecho en Francia, o como comisión mixta entre Senado y Congreso", zanjan.