En plena recta final de las negociaciones del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía a los represaliados del procés, la derecha judicial ha protagonizado el enésimo intento de criminalizar al independentismo, situándolo como un movimiento violento. La semana pasada, la Audiencia Nacional decidió enviar a juicio bajo la acusación de terrorismo a 12 de los activistas de los CDR detenidos en la operación Judas.

Y este pasado lunes, el juez Manuel García Castellón, también de la Audiencia Nacional, decidió imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa de Tsunami Democràtic e incluir al expresident Carles Puigdemont como investigado en un caso que la instrucción tilda también de terrorismo. Una imputación recurrida por la Fiscalía, que no aprecia terrorismo.

En principio, las dos causas deberían tener un recorrido limitado si se aprueba la Ley de amnistía tal como la han acordado ERC y Junts con el PSOE, pero certifica la constante criminalización que ha sufrido el independentismo por parte de ciertas esferas judiciales desde la eclosión del procés. Una actuación alimentada por un determinado relato mediático y político que lo tipifica como violento.

Desde el juicio del 1-O que se celebró en el Tribunal Supremo bajo la acusación de rebelión -un tipo delictivo que requiere violencia-, a las diversas imputaciones y juicios por desórdenes públicos en numerosas movilizaciones ciudadanas realizadas desde el 2017 o al intento de vinculación de los CDR -los comités de defensa de la república- con la kale borroka hasta acusar a algunos de sus activistas de terrorismo.

Todo ello atribuido a un movimiento político que, más allá de protagonizar incontables movilizaciones y protestas y algunos enfrentamientos con los cuerpos policiales -sobre todo durante el 1-O, así como en las manifestaciones de octubre del 2019 por el rechazo a la sentencia del Supremo en el juicio del procés-, no ha provocado ni muertos ni heridos de gravedad.

“Criminalización de la protesta”

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlament, la abogada y co-directora del Centre Irídia -especializado en la defensa de los derechos humanos-, Anaïs Franquesa, manifestó que la causa de Tsunami Democràtic es un ejemplo más de “la aplicación extensiva del código penal en la criminalización de la protesta”. Y pidió “no naturalizar que se considere terrorismo a las movilizaciones sociales masivas”, que es lo que hace García Castellón en su escrito de instrucción, puesto que sitúa como terrorismo las movilizaciones del aeropuerto del Prat o el corte de la AP-7 en la Jonquera (Girona) durante 2019.

Para el doctor en derecho y abogado Damià del Clot, tanto la decisión de enviar a juicio a los CDR como las imputaciones de la causa del Tsunami “son hechos procesales instrumentales que tienen una lectura política, no jurídica”, puesto que buscaban fundamentalmente “dinamitar la negociación para la amnistía” y la investidura. Objetivo no logrado, puesto que el PSOE ha conseguido cerrar los acuerdos con ERC y Junts para continuar al frente del Ejecutivo estatal.

Anaïs Franquesa (Centre Irídia) reclama “no naturalizar que se considere terrorismo las movilizaciones sociales masivas”

Del Clot, autor de obras como Anatomía del Deep State español (Catarata) o Lawfare. La estrategia de represión contra el independentismo catalán (Catarata), añade que todo ello forma parte de esta estrategia de “guerra jurídica” o lawfare contra el independentismo ejecutada por parte de la judicatura al menos “desde 2006, cuando se aprobó el Estatut”. Franquesa, a su vez, manifestó que la decisión del juez conservador supone que “se está cometiendo una nueva injerencia del poder judicial en el legislativo”.

El caso de Tamara Carrasco

A parte de la macrocausa del procés, que culminó en el juicio del Supremo y se había iniciado con la acusación por rebelión a los miembros del Govern durante el 1-O del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la persecución judicial de los CDR arranca en la primavera del 2018. Previamente, ya se había construido un relato mediático que los criminalizaba equiparándolos a la kale borroka y señalándolos como “violentos”, unas características que también le atribuyó Mariano Rajoy, en aquel momento presidente del Gobierno español.

En abril de aquel año fue detenida la activista Tamara Carrasco, acusada de los delitos de terrorismo y rebelión. Forzada judicialmente a confinarse durante un año en su ciudad, Viladecans (Barcelona), la acusación a Carrasco perdería fuerza y pasaría de terrorismo a desórdenes públicos, de forma que la causa se trasladó de la Audiencia Nacional a un juzgado de Barcelona, que la absolvería de todo delito en octubre de 2020.

La operación Judas, a su vez, se ejecutó en septiembre del 2019 en varias localidades catalanas y comportaría la detención de hasta 13 personas, siete de las cuales pasarían tres meses encarceladas. Pese a la falta de pruebas concluyentes -y que se irían deshinchando durante la instrucción- la acusación por terrorismo se ha mantenido cuatro años más tarde, como también sucede con Tsunami Democràtic en una causa que, igualmente, se abrió en 2019.

“Convertir el disidente en un terrorista”

En un artículo académico publicado hace unos meses en la revista de derecho penal de la Universidad de Bolonia, el abogado Benet Salellas subrayaba que después del 1-O, el Estado desplegó una estrategia para presentar al independentismo como un movimiento “violento” con el objetivo de deslegitimarlo ante Europa. El también exdiputado de la CUP subraya que la represión se ha dirigido contra líderes políticos y personalidades relevantes catalanas, pero también contra el conjunto de las bases con la intención “de convertir al disidente político en un criminal, un terrorista”.

Conjuntamente con Rossella Selmini, profesora de sociología y criminología y coautora del artículo, Salellas añade que el sistema mediático español contribuye a la construcción de un “relato” que transmite la imagen del independentismo como un movimiento violento y su posterior difusión.

El independentista es un movimiento pacífico y transversal, con un amplio apoyo político y social

Damià del Clot, abogado y politólogo

En conversación con este diario, Damià del Clot comenta que “cuando se imputa por rebelión, que es un delito que implica violencia, por sedición o por alteración del orden público se hace más fácil que se puedan aplicar medidas restrictivas”. El tema es que “en este caso lo que falla es que el independentista es un movimiento pacífico y transversal, con un amplio apoyo político y social”.

Para el jurista y politólogo —que también fue alcalde de Vilassar de Mar (Maresme) entre 2015 y 2023— esto explica que se intente crear “un clima de hostilidad para criminalizar a los independentistas, que pasan de ser separatistas a golpistas. Se busca convertir al independentismo en un movimiento violento, de alteración del orden público, que es un esquema de lawfare represivo que ya se había aplicado a la disidencia durante el franquismo”. Posteriormente esta criminalización absoluta de un movimiento se aplicaría al independentismo vasco, si bien en aquel caso sí que existía una violencia evidente por parte de uno de los actores, ETA.

El papel del ‘deep state’

El abogado y politólogo sitúa 2015 como un “año vital” para explicar cómo se ha podido llegar a esta criminalización del independentismo. La razón es que aquel año, en que, según él, con las elecciones al Parlament del 27 de septiembre y la candidatura unitaria de ERC y la antigua Convergència bajo la marca de Junts pel Sí se muestra que “el procés va en serio”, coincidió tres reformas legislativas “muy importantes”.

Una es la del código penal, que amplió tanto los supuestos de acciones tipificadas como delito de terrorismo como el de desórdenes públicos; otra es la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana o Ley mordaza, un elemento clave en la persecución de las movilizaciones ciudadanas; y, finalmente, la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, que jugará también un papel clave al tumbar leyes aprobadas por el Parlament e, incluso, al intentar impedir determinados debates parlamentarios.

Paralelamente, Del Clot señala también el papel del deep state o estado profundo en la persecución del independentismo, que tiene en la instrucción de la causa del Tsunami Democràtic por parte de García Castellón el último ejemplo. En este sentido, comenta que “el estado profundo es difícil de controlar porque no responde a unas reglas determinadas. Actúa con una agenda propia y lo hace a partir de los agujeros legislativos y ángulos muertos de la ley. Esto hace que sus actuaciones sean muy difíciles de controlar e, incluso, de probar y, por lo tanto, de condenar, lo que le da impunidad”.

“¿Qué le pasará a García Castellón o al Consejo General de Poder Judicial [por su pronunciamiento contra la ley de amnistía]? Absolutamente nada, no habrá ninguna condena”, concluye. Y es precisamente la continuidad de este deep state lo que podrá explicar algunos de los obstáculos futuros de la ley de amnistía y que se intente mantener la criminalización del independentismo.