Sobre el contenido no hay nada que decir, pero sobre la filtración sí. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Jesús Gavilán, que instruye la querella contra el juez que encarceló a Miguel Blesa, Elpidio José Silva, ha pedido informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si la difusión en los medios de comunicación de correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid puede constituir delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

En una providencia fechada el pasado 23 de diciembre, pero hecha pública hoy por el gabinete de prensa del TSJ de Madrid, Gavilán señala que ha tenido constancia de 'la publicación y difusión durante estos últimos días en medios de comunicación, prensa y televisión, de contenidos que pudieran corresponder a los correos electrónicos incorporados a las diligencias 58/2010 (caso Blesa) seguidas en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid (el del juez Silva), e incorporados mediante copia a esta causa que dimana de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal'.

Añade que también ha constatado la difusión'en la misma forma' de diligencias practicadas por él en la causa contra Silva, 'con especial relevancia de las declaraciones del querellado y perjudicados'.

A la vista de sus constataciones, pide informe al fiscal por si los hechos fueran constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, previstos en los artículos 413 a 418, ambos inclusive, del Código Penal, castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel.

El juez Gavilán prohibió al juez Silva el acceso y uso de los correos en el ejercicio de su defensa, pese a que éste los considera esenciales para demostrar que encarceló de forma justificada al expresidente de Caja Madrid, ya que los mails ilustraban indicios de criminalidad en su gestión de la entidad. Gavilán argumentó que los correos afectaban al derecho a la intimidad de Blesa, aunque se trata de mails enviados o recibidos desde el correo corporativo de la entidad, que los entregó al juez Silva.

El fiscal del caso, Manuel Moix, declaró hace unos días que no veía delito en los correos que había examinado, pero que sí consideraba necesario estudiar si había delito en su filtración. El expresidente del Gobierno José María Aznar, citado en varios correos, también reclamó que se investigase la difusión de esos mails.