MADRID.- El Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado nunca las cuentas de la Casa Real, aunque éstas procedan de dinero público, confirman fuentes de esta entidad. En 2015, la institución monárquica dispone de 7,7 millones de euros que distribuye el rey según considera conveniente entre su familia, el personal de la Casa y los gastos de funcionamiento. El organismo fiscalizador se ampara en el artículo 65 de la Constitución Española (Título II. De la Corona), que hace referencia al presupuesto real de forma escueta pero muy contundente: "El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".

Da igual que existieran indicios firmes de que el rey hubiera cometido un delito de corrupción o financiado al terrorismo con dinero público: la Constitución impide que se le investigue

Este dinero público que recibe la Casa Real y que distribuye el rey sin tener que dar explicaciones o justificación alguna se ampara, además, bajo el paraguas de la inmunidad del rey, asimismo recogida en la Carta Magna (Art. 56.3 "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (...)"). Es decir, explican las mismas fuentes del Tribunal de Cuentas, no importa los indicios que hubiera de que el rey hubiera cometido un delito, por ejemplo, de corrupción. O, yendo a los extremos, indicios de haber financiado a una organización terrorista. Sea cual sea el destino del dinero público, el presupuesto asignado al rey y a la Casa Real no podría ser investigado, por el mismo motivo por el que el rey es inviolable y no tiene que responder judicialmente por ningún acto.

El Tribunal de Cuentas -que esta semana, por ejemplo, presentó al Congreso de los Diputados la fiscalización del Centro de Arte Reina Sofía- tiene en su historial dos lagunas que distan mucho de la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de dotar a las instituciones de la máxima transparencia que demandan los ciudadanos.

El blindaje de la Casa Real y la Iglesia ante la entidad fiscalizadora superior data de la transición: en 1978 se aprobó la Constitución Española y en 1979, los Acuerdos del Estado con la Santa Sede

Por un lado, el rey y la institución que encabeza, la Corona. Por otro, y tal y como informó Público esta misma semana, la Iglesia Católica. En ambos casos, el blindaje de la Casa Real y la Iglesia ante la entidad fiscalizadora superior data de hace prácticamente el mismo tiempo: 36 años los Acuerdos del Estado con la Santa Sede en Asuntos Económicos (1979) y 37 años la Constitución Española (1978).

La Iglesia Católica, como contó este diario, está muy bien protegida por los Acuerdos de España con la Santa Sede y se limita a presentar una memoria con el uso que ha hecho de los fondos públicos, en el que tampoco figura documentación alguna que acredite de forma fehaciente la citada utilización.

2,5 millones en "incentivos"

La Corona, por su parte y sólo desde hace unos años, se limita a trasladar a la opinión pública la información que considera pertinente, como los sueldos que recibe cada miembro de la Familia Real. Este año, por ejemplo, el rey cobra un salario de 234.204 euros anuales; su padre, 187.356 euros; la reina, 128.808 euros (menos que su suegro) y doña Sofía, 105.396 euros. Sabemos también a través de la Casa Real que de los 7,7 millones de asignación estatal, la mayor partida (49%) se destina personal, incluidos 2,5 millones de euros en concepto de “incentivos” para los empleados de la institución.

La fiscalización de la Corona pasa necesariamente por la reforma de la Constitución, pero, en cambio, y tal y como se contó en este diario, desde el propio Tribunal de Cuentas aseguran que, si hubiese voluntad real de fiscalizar el dinero público que recibe la Iglesia Católica, podría hacerse aplicando la ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el art. 3 de esta norma, se declara que están sujetas a sus mandatos -entre los que se incluye publicitar recursos económicos de los que dispone y actividades que realiza- a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas, si cumplen alguno de los siguientes requisitos: "Que las ayudas sean superiores a los cien mil euros, o que al menos, el 40% de sus ingresos tenga carácter de subvención o ayuda pública".