Los querellantes contra Juan Carlos I esperan un cambio de criterio de la Fiscalía sobre sus delitos

La querella que el pasado 25 de noviembre de 2024 presentaron en el Tribunal Supremo una docena de juristas, filósofos y periodistas contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales lleva desde el pasado 28 de enero en la sede de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la sección de delitos económicos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.

Estas fuentes creen que por la envergadura del caso deberían ser el fiscal general del Estado o la teniente fiscal del Supremo quienes decidieran sobre la admisión. 

Ese es el siguiente paso. La Fiscalía del Supremo debe informar respecto a si la querella debe ser admitida a trámite por la Sala Segunda —la competente para investigar a las personas aforadas, como es el rey emérito—, o si, por el contrario, debería ser inadmitida por no existir indicios delictivos, a juicio del Ministerio Fiscal. 

Y en este sentido se abre un escenario paradójico, porque se trata de la misma Fiscalía que decidió no presentar querella contra el rey emérito en marzo de 2022 y archivó las tres investigaciones que tenía abiertas desde hacía dos años por delitos fiscales. Por entonces la fiscal general del Estado era Dolores Delgado.    

La Fiscalía del Tribunal Supremo, en un decreto demoledor firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Eduardo Luzón, el 2 de marzo de 2022, pese a reconocer posibles delitos como cohecho y blanqueo de capitales, archivó sus investigaciones contra Juan Carlos I en base, por un lado, a la prescripción de dichos delitos y a la inviolabilidad de la que gozó hasta su abdicación, en junio de 2014; y, por otro, a las regularizaciones fiscales que había efectuado el rey emérito por valor total de 5.074.295 euros, el 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero de 2021.

Reproche a la Fiscalía

La querella presentada en noviembre y dirigida por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo; y el abogado Eduardo Ranz, carga contra la propia Fiscalía por haber dado por buenas las dos regularizaciones con el fisco que hizo Juan Carlos I al considerarlas "regularizaciones espontáneas" pese a que no lo fueron, según argumentan los querellantes.

Estos dicen que no fueron regularizaciones legales porque estuvieron precedidas del aviso de la Fiscalía respecto a la apertura de diligencias de investigación por varios casos de donaciones opacas, comisiones y ocultación de patrimonio en paraísos fiscales. Según el artículo 305.4 del Código Penal, si hay aviso previo, las regularizaciones quedan automáticamente inhabilitadas para actuar como freno a un posible procedimiento penal. 

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No fueron regularizaciones espontáneas

Esta es la base de la querella, que describe que al representante legal del rey emérito la Fiscalía le notificó en dos ocasiones durante 2020 la apertura de diligencias de investigación, por lo que las regularizaciones que realizó posteriormente en ningún caso pudieron ser "espontáneas". 

Por el contrario, la Fiscalía considera que en sus notificaciones de 2020 no se dieron detalles concretos de los hechos que se iban a investigar, por lo que considera que las regularizaciones fiscales de Juan Carlos de Borbón fueron legales y, por tanto, le eximen de un delito fiscal.

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Los querellantes consideran que el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre este aspecto y creen que al no regularizar conforme a derecho su situación con Hacienda, Juan Carlos I sigue arrastrando a día de hoy cinco delitos fiscales. El Alto Tribunal no tuvo la oportunidad de estudiar el caso porque la Fiscalía archivó sus investigaciones prejudiciales sin presentar, por tanto, querella contra el rey emérito.

Entre otros hechos, la Fiscalía investigó y archivó el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Estos y otros hechos han quedado impunes, sin reproche penal, de momento.

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Los querellantes contra el rey emérito son: el filósofo y escritor Santiago Alba Rico; los magistrados eméritos del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín; la periodista y traductora Pilar del Río; Carlos Jiménez Villarejo, jurista y exfiscal anticorrupción; el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena; el periodista Miguel Mora, director de CTXT; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el periodista, filósofo y escritos Josep Ramoneda; los juristas y profesores de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Urías; y el abogado Eduardo Ranz.