La justicia avala la ruptura de las relaciones de la Universidad de Granada con centros israelíes

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Granada ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Además, ha avalado el acuerdo por el que la Universidad de Granada aprobó romper sus relaciones con universidades e instituciones israelíes.

La sentencia, fechada este lunes, ha avalado el acuerdo aprobado el 17 de mayo del año pasado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada (UGR) y ha descartado las alegaciones que motivaron que se suspendiera de manera cautelar parte de su contenido.

El acuerdo, del que informó entonces la institución académica, consta de seis puntos que incluían suspender la colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes.

La ACOM presentó el recurso para frenar ese acuerdo al entender que tres de sus puntos podrían generar "daños de imposible o difícil reparación" y solicitó que quedara sin efecto la parte del acuerdo que suspende la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador, y personal técnico o de servicios.

Según la sentencia, la autonomía universitaria garantizada por la Constitución habilita a la UGR a adoptar decisiones en el ámbito de sus competencias, con un "amplio margen de discrecionalidad".

También ha descartado que el acuerdo genere discriminación por razón de nacionalidad o credo, ya que puede afectar a israelíes, pero también a personas de otras nacionalidades. Además, ha añadido que la decisión se toma atendiendo a objetivos propios como el trabajo por el diálogo y la paz.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respalda el acuerdo de la UGR de romper lazos con centros de Israel en una causa en la que también se personó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha defendido la legalidad del acuerdo de la UGR.

El texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución académica se adoptó tras numerosas movilizaciones impulsadas por el estudiantado de la universidad y la Red Universitaria por Palestina de Granada, que reclamaban una postura institucional frente al genocidio en Gaza.