Fiscales progresistas califican de "caza de brujas" la imputación del fiscal general del Estado

"Una auténtica caza de brujas". Así califica la Unión Progresista de Fiscales (UPF) la imputación en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, acusados de filtrar un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un doble delito de fraude fiscal y proponía un pacto a la Fiscalía. La UPF ha manifestado su "absoluta disconformidad y perplejidad" y denuncia que esta imputación de García Ortiz supone "criminalizar" el funcionamiento normal de la institución.

Según la UPF, la citación a declarar de García Ortiz y Rodríguez —citados el 29 y el 30 de enero por el juez instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado—, así como la investigación del teniente fiscal de la secretaría técnica, Diego Villafañe Díez, es un "ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de derecho".

A través de un comunicado, la UPF ahonda en su sorpresa por el hecho de que en "esta auténtica caza de brujas se haya contado con la entusiasta participación de una de las asociaciones de fiscales que ejercen la acusación popular".

Los fiscales progresistas han hecho un "solemne" llamamiento a la carrera fiscal ya que se está atacando al funcionamiento propio de la carrera, y advierten de que "cualquiera de nosotros podemos ser llamados por nuestro jefe a dar cuenta de nuestro trabajo. No se nos puede investigar por dar cuenta de nuestro trabajo", señalan.

"La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la Justicia democrática, está en verdadero peligro", advierten los fiscales progresistas.

Esta resolución judicial, "al margen de lo altamente discutible de sus razonamientos, ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal" y supone un ataque directo a la institución y a su funcionamiento interno en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera.

Recuerdan que "una vez más que la actuación de todos las y los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución".

"Lo que evidencia la resolución judicial no es solo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino, además, la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento", agrega el comunicado de la UPF.