Los expertos de Gallardón proponen dejar sin voz ni dinero a las asociaciones de jueces

Los expertos designados por el ministro Ruiz-Gallardón le han servido fria, en forma de propuesta de reforma legal, una venganza contra las asociaciones de jueces, que llevan meses censurando sus planes legislativos y osaron organizarle el pasado 20 de febrero una huelga de magistrados contra sus políticas de tasas e indultos.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial redactada por estos juristas y elevada al ministro, incluye una primera perla dirigida al asociacionismo judicial en su artículo 45.3: "Los Jueces y las Asociaciones Judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados".

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, destaca que la disposición es un grave ataque a la libertad de expresión de las asociaciones, y subraya que no sólo les veta opinar sobre asuntos judiciales abiertos, sino también sobre sentencias firmes.

Jueces para la Democracia cree que quieren silenciarles en momento donde se distinguen por sus críticas a Gallardón

Con este artículo, los expertos designados querrían, según Bosch, silenciar a las asociaciones, en un momento donde éstas "se han distinguido por sus duras críticas a la gestión del ministro, y contra el desmantelamiento del Estado social y los ataques al Estado de Derecho que suponen las tasas o los  indultos concedidos".

Pero la Ley propuesta por los expertos va más allá e incorpora un artículo que corta también todas las fuentes de financiación de las asociaciones que no sean las cuotas de sus afiliados.

El artículo 408 del borrador señala textualmente: "En garantía de la independencia e imparcialidad judiciales, las Asociaciones de Jueces se financiarán únicamente mediante las cuotas de sus asociados, y no podrán
recibir ninguna clase de contribuciones ni subvenciones, públicas o privadas, por sí o por entidad interpuesta. Sus cuentas serán comunicadas anualmente al Consejo General del Poder Judicial, que las hará públicas".

La disposición se cargaría la subvención anual que el Consejo General del Poder Judicial reparte entre las asociaciones de jueces en función de su número de socios, y que en 2013 será de un total de 484.130 euros (un 20% menos que en 2012, debido a los recortes).

Bosch se muestra perplejo porque el texto considere que percibir una subvención pública por parte de un órgano constitucional como es el Consejo afecte a la independencia e imparcialidad de las asociaciones. Ni tampoco comparte que se impida el cobro de publicidad o patrocinio en las publicaciones que editan estas asociaciones, y que permiten la subsistencia de esas revistas.

"Que un organismo público subvencione para su funcionamiento habitual a las asociaciones, con el fin de mantener una mínima infraestructura, no afecta a la independencia e imparcialidad de los jueces. Se está pretendiendo la desaparición de asociaciones profesionales de jueces, que están expresamente previstas en el artículo 127 de la Constitución".

En resumen, Jueces para la Democracia considera que la propuesta de los expertos "es un ataque frontal al asociacionismo judicial", que pretende "silenciar a las asociaciones, y casi prohibirnos existir, al retirar las subvenciones". 

Bosch insiste en que este intento de delibitarles coincide con la protesta general de todas las asociaciones contra la política de Ruiz-Gallardón que culminó con la huelga del 20-F.

Tras el acto de recepción de los trabajos de la comisión de expertos, este lunes, el ministro destacó que abriría "un debate social" sobre las reformas legales, cuya aprobación espera tener lista para octubre o noviembre, lo que daría inicio a la tramitación parlamentaria correspondiente.