De qué delitos se acusa al novio de Isabel Díaz Ayuso
El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid investiga a Alberto González Amador por fraude fiscal, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal.
Madrid-
Los presuntos delitos por los que está siendo investigado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, son: fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal. La jueza del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto pieza separada para incluir los dos últimos delitos y ha citado al novio de Ayuso el próximo 10 de abril.
Ese día Alberto González Amador será interrogado en el marco de la pieza separada sobre nuevos delitos, en concreto los de corrupción en los negocios y administración desleal en connivencia con los responsables de Quirón Prevención SLU, en concreto, con su presidente, Fernando Camino, según señala el auto de la jueza, al que ha tenido acceso este diario.
En dicho auto de formación de pieza separada, la jueza Inmaculada Iglesias le cita a declarar como investigado, tras rechazar la Audiencia Provincial de Madrid el recurso del novio de Ayuso contra la apertura de esta pieza separada que amplía considerablemente los delitos investigados.
Una nueva línea de investigación
La magistrada Iglesias abrió una pieza separada el pasado 23 de octubre para investigar el papel de la mercantil Masterman SL [la denominación anterior de la empresa era Círculo Belleza SL], que González Amador compró en 2020 a la esposa del presidente de Quirón Prevención, una filial del gigante sanitario. El precio fue medio millón de euros, que según Más Madrid y PSOE, pudo ser el dinero que debía haber declarado al fisco otra mercantil del novio de Ayuso: Maxwell Cremona SL.
La investigación tratará de averiguar si Alberto González Amador utilizó Masterman SL para trasladar ficticiamente parte de su actividad frente a Quirón Prevención SLU, simulando que es la primera la prestadora de los servicios.
Delito de corrupción en los negocios
La operación a través de la sociedad pantalla Masterman podría constituir un delito de corrupción en los negocios, regulado en los artículos 286 bis a 286 quater del Código Penal y que consiste en los sobornos o las dádivas que se ofrecen en el ámbito empresarial. Está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión.
Delito de Administración desleal
Es un delito contra el patrimonio en el ámbito empresarial que comete el administrador de una mercantil cuando provoca un perjuicio patrimonial por no ajustarse a sus propias funciones. Está regulado en el artículo 252 del Código Penal y penado con entre seis meses a tres años de cárcel.
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Más Madrid y PSOE consideran que la pareja de Ayuso podría haber cometido un delito de administración desleal u otro de corrupción en los negocios, o ambos conectados. También lo cree la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en las investigaciones penales de fraude fiscal, y además la Fiscalía apunta en esta dirección.
Estas partes creen que el medio millón de euros pagado por las participaciones de Masterman a la esposa del presidente de Quirón Prevención podría tratarse de una contraprestación pagada por el novio de Ayuso por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención.
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El 'pelotazo' de las mascarillas
Esos 500.000 euros podrían ser también, según las partes, una contraprestación o comisión por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores [mercantil de la que Fernando Camino es consejero desde 2019] adquirió productos sanitarios, como mascarillas, de las empresas FCS Products SL e Inteconn, INC, ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020.
Más Madrid y PSOE están personados tanto en la causa principal como en esta pieza separada. En un principio la jueza rechazó ampliar la investigación contra el novio de Ayuso, tal y como pedían estos partidos, pero finalmente accedió a hacerlo únicamente por corrupción en los negocios y administración desleal.
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Dos delitos fiscales
Alberto González Amador está siendo investigado en la causa principal por dos delitos fiscales, al no declarar a Hacienda 350.000 euros procedentes de las comisiones obtenidas por el negocio de las mascarillas en plena pandemia. Estos delitos fueron reconocidos por el abogado del empresario en dos correos electrónicos, uno a la Fiscalía de Delitos Económicos, y en otro, a la Abogacía del Estado, como ha adelantado este martes El español. Por la filtración de uno de ellos a la prensa, el Supremo abrió una causa por presunto delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado.
La investigación de la jueza Iglesias en este sentido se centra en el presunto fraude fiscal correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021, por los que González Amador había dejado de ingresar a la Hacienda Pública 350.000 euros. En concreto, 155.000 euros por el ejercicio de 2020 y 195.951 euros, por el año siguiente.
Facturas falsas
El presunto delito de falsedad en documento mercantil, penado con entre seis meses y tres años de cárcel (artículo 392 del Código Penal), se centra en la aportación al fisco de una serie de facturas falsas o que no se corresponden con servicios prestados realmente, con el objetivo de reducir la cuota tributaria que debía satisfacer.
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Así, el novio de Ayuso aportó supuestamente facturas sobre gastos relacionados con el alquiler de dos vehículos en el extranjero. Estas facturas fueron cargadas a su empresa Maxwell Cremona, igual que los justificantes por la compra de pelotas de pádel, hilo dental, pasta dentífrica, colutorio, desodorante o champú. Entre las facturas aportadas por la pareja de Ayuso destacan también la reparación en un taller de un Porsche Panamera o la compra de un reloj Rolex.
Pacto para evitar la cárcel
Alberto González Amador estuvo a punto de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la cárcel y el procedimiento judicial en el que ahora está inmerso. El pacto incluía una condena de ocho meses de prisión (por lo que no entraría en la cárcel al no superar la condena de dos años) por dos delitos de fraude fiscal en conexión con falsedad en documento mercantil.
La sanción económica pactada incluía una multa equivalente al 40% de la cantidad defraudada: 60.000 euros (el 40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (el 40% de 195.951,41 euros). Estas sumas se añadirían a los 350.951 euros defraudados, más intereses calculados en 2.493,10 euros, alcanzando un total de 491.824 euros.
El pacto se vino abajo al ampliar Más Madrid y el PSOE su denuncia contra el novio de Ayuso con nuevas acusaciones.
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