1-OEl procés, según Vox: Junqueras y Puigdemont lavaron el cerebro a los catalanes para lograr "violentamente" la independencia

.-"Violencia"; "golpistas" u "organización criminal" son algunos de los términos usados por Vox para construir su particular relato sobre el procés y contra los dirigentes independentistas, dentro y fuera de la causa que en los próximos días debe comenzar a juzgar el Tribunal Supremo. La existencia o no de violencia en este marco es precisamente uno de los grandes motivos de discrepancia entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado tras el cambio de criterio de esta última, y será una de las claves del juicio.

El Ministerio Público pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, y en su escrito de acusación, dado a conocer en noviembre, incluye hasta en 14 ocasiones el término "violencia". En el caso del escrito de la formación ultraderechista, que está personada como acusación particular y pide 74 años de cárcel para Junqueras, esta cifra es cuatro veces mayor.

Vox repite hasta en 57 ocasiones la palabra "violencia" a lo largo de las apenas 60 páginas del escrito de acusación analizado por Público. El término "criminal" aparece en más de 30 ocasiones, a menudo para referirse a la excúpula del Govern, la Mesa del Parlament de Catalunya y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural como miembros de una "organización criminal".

Vox repite hasta en 57 ocasiones la palabra "violencia" a lo largo de las 60 páginas del escrito de acusación

Y, como acostumbran a hacer los portavoces de la organización ultraderechista en todas sus declaraciones, en el escrito se refieren a los líderes independentistas como "golpistas"- en una ocasión-, y aluden al procés como un "golpe de Estado" que se sirve de la "violenta movilización ciudadana" como "mecanismo sofisticado y novedoso de subversión del orden constitucional".

De hecho, su relato se asienta en su intento de convencer de que los procesados “arengaban" a los ciudadanos catalanes, conscientes del "ineludible estallido de violencia social que provocarían sus arengas y actuaciones". Esta acusación es extensible también a los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pero el escrito no reproduce una sola declaración textual de ninguno de ellos, ni de los políticos que se sentarán en el banquillo, en la que aparezca explícitamente contemplada esta idea de "violencia".

Según el partido de Santiago Abascal, los cabecillas del procés buscaron "el dominio y el control sobre los ciudadanos catalanes con ideas separatistas, para su utilización violenta en el momento oportuno, como después ocurrió".

Además, esta operación de ‘lavado de cerebro’ no habría comenzado durante la Presidencia de Carles Puigdemont, al frente de la Generalitat cuando se celebró la consulta del 1-O, sino que habría supuesto la culminación de una estrategia adoptada en 2012, con Artur Mas como president. Este "ataque subversivo contra el orden constitucional" se habría realizado en distintas fases, "sirviendo como espoleta de la violencia posterior de las masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español".

En un mismo párrafo, Vox es capaz de reconocer que la ANC dejaba claro que las movilizaciones debían ser pacíficas, para luego acusar a la organización de "lanzar violentamente a las masas"

"Violencia", "violentos" o "violenta" son palabras que se repiten durante todo el escrito. Puede referirse a la "violencia latente que fue agravándose", a los "riesgos de violencia" que el Govern habría despreciado al permitir la consulta del 1 de Octubre de 2017, pero lo cierto es que esta denominación se extiende a todo. En un mismo párrafo, Vox es capaz de reconocer que uno de los documentos clave de la ANC dejaba muy claro que las movilizaciones debían ser pacíficas, y que todas las "declaraciones formales" iban en esa línea, para luego acusar a esta organización de "lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español".

Así, la mera movilización ciudadana en este marco también es tildada de "violenta", sin concretar dónde radica esta "violencia": "Las asociaciones civiles soberanistas buscaron una intensa y violenta movilización ciudadana con el objetivo de quebrar, doblegar a las estructuras del Estado, de modo que terminara por aceptar la independencia de Catalunya"; "Han sido permanentes los actos y manifestaciones convocados por entidades soberanistas en estos años, todos ellos orientados a fomentar, provocar y ejecutar actos de violencia, a impulsar y movilizar el mayor sector de población que fuera posible".

Nadando en esta escasa concreción, Vox se refiere a las movilizaciones en torno a la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del 20 de septiembre de 2017, como ejemplo de esta "estrategia de movilización violenta creciente". Su relato de esta jornada interpreta una de las intervenciones de Jordi Sánchez como un llamamiento a "llevar a cabo actos de violencia en el momento oportuno", por decir "que el momento de la verdad se acercaba".

El número dos del partido, Javier Ortega Smith, compatibiliza este cargo con su labor como uno de los dos letrados que representan a Vox en esta causa

Y, mientras se refieren a la concentración –se prolongó varias horas y forzó la evacuación de la secretaria judicial Montserrat del Toro por la azotea- como un "asedio violento de 60.000 manifestantes", "turbas independentistas"-, también recogen que Jordi Cuixart apeló a la "determinación mostrada en la Guerra Civil" por decir "¡No pasarán!". Todo, a pesar de que había reivindicado "el pacifismo de la movilización".

Esta jornada "constituyó un claro síntoma" del riesgo de que "se desencadene un clima de violencia organizada que sería, sin duda, instrumentalizado a favor del proceso secesionista", según el partido de ultraderecha. El mismo que ve una "inequívoca voluntad" de utilizar "la fuerza" y "la violencia" en la cúpula independentista, a la que imputa una "determinación terca, agresiva y violenta".

Se da la circunstancia de que el número dos del partido, Javier Ortega Smith, compatibiliza este cargo con su labor como uno de los dos letrados que representan a Vox en esta causa. Las defensas consultadas coinciden en que, hoy por hoy, y pese al evidente interés político del partido en el juicio – la "suspensión de la autonomía catalana" es el primer punto de su programa electoral, que también pide la ilegalización de los partidos independentistas-, no hay fórmula legal que les permita expulsar al secretario general de los ultraderechistas de la causa. Recientemente, Ortega Smith reconoció al diario El Mundo que está en busca y captura en Gibraltar, y que por este motivo tampoco pisa Reino Unido desde hace años.

Según Vox, la violencia el 1-O fue contra los policías

Las imágenes de las cargas policiales del 1-O han dado la vuelta al mundo, y han sido criticadas desde distintas instancias en Bruselas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Amnistía Internacional denunció poco después el "uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios" y los "golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia". A su vez, Human Rights Watch ha afeado esta misma semana a España que no haya habido una sola condena a los agentes que cargaron contra los ciudadanos que se movilizaron o votaron en esa jornada.

Sin embargo, Vox prefiere poner el acento en decenas de casos de agresiones denunciadas por agentes de los cuerpos de seguridad y justifica estas cargas: "Como consecuencia de esta movilización [por parte de Sánchez y Cuixart], un número importante de ciudadanos hicieron frente a la labor de los policías, lo que -además de las lesiones sufridas por diversos ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial-, se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material".

Las cargas policiales del 1-O han sido criticadas desde distintas instancias en Bruselas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch

Según este relato, ANC y Ómnium Cultural "impulsaron" a los ciudadanos movilizados a "hacer frente al despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tenían por misión hacer cumplir la orden judicial de impedir la votación ilegítima del 1-O". También, en base a la misma lógica, los animaron "a hacer posible la plena realización de esos comicios fraudulentos, empleando, para ello, una violencia claramente perceptible en las imágenes de televisión que se ofrecieron a medio mundo”. La violencia, según Vox, es patrimonio de los independentistas, también en este caso.

No obstante el Departamento de Salud de Catalunya aseguró que el número de heridos por las cargas policiales se disparó hasta 1.066, si bien sólo cinco de ellos fueron catalogados como graves. Posteriormente concretó que las lesiones más comunes fueron contusiones (43% de los casos); policontusiones (39%) y heridas (5%).

La cifra oficial de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad heridos fue de 111, según el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta cifra fue facilitada en respuesta a una pregunta parlamentaria del senador de EH Bildu Jon Iñarritu, si bien el Ejecutivo del PP se había referido anteriormente a 431 heridos, cuatro veces más.