El Tribunal Supremo autorizó al CNI el espionaje a Pere Aragonès aduciendo que dirigía a los CDR

El Gobierno ha remitido este jueves al titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona los autos del Tribunal Supremo que avalaron el espionaje con el programa Pegasus al móvil de Pere Aragonès, presidente del Govern de Catalunya, entre 2019 y 2020, cuando era vicepresidente del Govern presidido por Quim Torra.

Según estos autos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con el software Pegasus el móvil de Pere Aragonès, argumentando que era quien coordinaba las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Catalunya. 

De hecho, el Tribunal Supremo avaló el espionaje al móvil de Aragonès en tres autos: uno de julio de 2019 para permitir el ataque con el software malicioso y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020.

Eso es lo que adujeron los servicios secretos ante el juez del Supremo encargado del control del CNI, según consta en los autos. 

Los autos del Tribunal Supremo se conocen la víspera de que declare como investigada la exdirectora del CNI, Paz Esteban.

Según fuentes jurídicas, Esteban, representada en la causa por la Abogacía del Estado, declarará por videoconferencia con la condición de investigada, por lo que podrá acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas que se le planteen.

Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por el independentismo.

En la querella que presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 –coincidiendo con la investidura de Sánchez–, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020. 

El Gobierno presume de transparencia

En relación a estas informaciones, fuentes del Gobierno han transmitido a los periodistas que "ahora hay transparencia, garantías y Estado de derecho. Con el PP había guerra sucia y policías paralelas".

"Las escuchas que estamos conociendo traen causa de operaciones iniciadas por el CNI antes de que llegáramos al Gobierno y contaron siempre con autorización judicial", añaden esas fuentes, que también recuerdan que "ha sido precisamente este Gobierno quien ha decidido colaborar con la Justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, siempre con el límite de la seguridad nacional".

"Esta información demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia. Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", añaden estas fuentes.