Luz verde para las exhumaciones de las víctimas del franquismo en el antiguo Valle de los Caídos, conocido desde finales de 2021 como Cuelgamuros. El Tribunal Supremo ha ratificado su decisión al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco junto a un particular que pedía paralizar las extracciones. Con este movimiento, los magistrados autorizan la recuperación de los restos de las personas asesinadas durante la Guerra Civil y los años de dictadura.

Según recogen varios medios, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que aprobaba las obras. La apelación hacía referencia a la licencia urbanística para rehabilitar los accesos a las criptas de la basílica del mausoleo. Esta denuncia provocó que las excavaciones se interrumpiesen de manera cautelar. Ahora, la resolución del Alto Tribunal acuerda levantar esta medida por considerar que la intervención definida en el permiso no conlleva "una transformación urbanística irreversible".

El Supremo ha estimado que no existen fundamentos suficientes para mantener la detención y cree que la parte denunciante no ha justificado debidamente el recurso. De este modo, la justicia condena con 2.000 euros de costas al colectivo ultra, 1.500 en favor de la Abogacía del Estado y otros 500 para el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Con este veredicto, nada impide acometer las obras de exhumación, aunque la decisión última está en manos de Patrimonio Nacional, que a priori se ha mostrado favorable al fallo del Tribunal Supremo. Fuentes del organismo han subrayado que pese a la detención del despliegue durante los últimos meses, los operativos han continuado con las tareas previstas para ganar tiempo y preparar el suelo. 

Una lucha que viene de lejos

Este proceso arrancó en 2016, cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho de una familia a que los cadáveres de sus allegados fueran exhumados y trasladados a otro lugar. Se trata de dos hermanos, fusilados en 1936 por las tropas franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego acarreados sin permiso y de forma encubierta al Valle de los Caídos. 

En junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para su extracción. No contenta con el permiso, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, de corte conservador, recurrió la medida porque influiría "en la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid suspendió en noviembre de 2021 la licencia en cuestión, a la espera de una sentencia definitiva. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó retomar las obras, pero un recurso de casación de esta organización, que se sumó a los emitidos por la Fundación Francisco Franco y un particular, devolvió todo al punto de partida. Ahora, el Supremo ratifica la decisión del tribunal autonómico y despeja el camino para que las exhumaciones sean por fin una realidad.