La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Carlota López Esteban, del Partido Popular, ha declarado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial, localidad madrileña donde se encuentra el Valle de los Caídos, como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa por los obstáculos que está poniendo su consistorio a la exhumación de los hermanos Lapeña y otras 54 víctimas del franquismo cuyos restos fueron trasladados sin permiso al mausoleo franquista. 

La alcaldesa ha aportado un informe municipal que contradice la versión previa del Ayuntamiento para frenar la licencia de obras en el Valle de los Caídos, afirmando que el permiso está "vivo" y que Patrimonio Nacional pagó las tasas, según informan fuentes jurídicas a este diario. 

Este nuevo informe municipal, del 16 de diciembre de 2022, indica que la licencia de obras para acometer los trabajos de exhumación está "viva" y no derogada, muestra de ello es que Patrimonio Nacional trabaja en el interior de las criptas desde finales de año. Pero lo más importante es que el informe indica que el ayuntamiento no es competente para interpretar la firmeza de las sentencias y esto significa que la alcaldesa asume que no se debió paralizar dicha licencia, decisión que fue tomada por unanimidad por la Junta de Gobierno del consistorio, ha señalado la alcaldesa. 

En junio de 2021 el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial dio la licencia sin problema, pero cinco meses después dictó la suspensión de la licencia urbanística ante la medida cautelar ordenada por la jueza Eva María Bru Peral, ante los recursos de entidades ultraderechistas. La Abogacía del Estado, en nombre de Patrimonio Nacional, interpuso un recurso de apelación, que fue estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, sentenciando que no era necesaria la suspensión cautelar.

Sin embargo, la alcaldesa siguió empecinada en la suspensión de la licencia, aduciendo que la sentencia del Tribunal Superior no era firme, a la vista de los recursos de los nostálgicos franquistas, y se negó a las pretensiones de Patrimonio, que pedía ejecutar el fallo. 

La decisión de la regidora provocó que 104 familias presentasen una querella por prevaricación administrativa en su contra. Las familias consideran que Carlota López habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas". La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando sublevado en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.

En caso de resultar culpable de prevaricación, la sentencia lleva aparejada la inhabilitación de la edil, pero no es este el objetivo de la denuncia, según indica el letrado Eduardo Ranz a Público, "sino exhumar a los hermanos Lapeña y con ello cerrar una herida". "No se trata de un juicio político", señala Ranz.