EjércitoUn tribunal ordena reabrir el caso por la muerte de cinco militares durante un ejercicio con minas antitanque en 2011

El Tribunal Militar Territorial Primero ha ordenado reabrir el caso por la muerte de cinco militares ocurrido en el año 2011 en el campo de adiestramiento conocido como El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid).

El tribunal militar acepta así el recurso presentado por el teniente de Infantería de Marina José M. Candón y el sargento primero Raúl A. González, que resultaron heridos en la explosión, al considerar que se procedió al archivo de la causa a pesar de que "se evidencian errores esenciales en la instrucción".

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares cuando nueve minas estallaron de forma accidental. Como consecuencia de la explosión, fallecieron cinco militares y otros tres resultaron heridos.

El caso se cerró en 2013 con el archivo de las actuaciones sin declaración de responsabilidad penal alguna. Ahora, dos de los militares que entonces resultaron gravemente heridos, el teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón y el sargento primero Raúl Alfonso González, ambos en situación de retiro, han reclamado la reapertura de las diligencias previas para incorporar nuevos datos y testimonios.

En concreto, apelan a un nuevo informe pericial que refleja una valoración diferente a la aportada en las periciales del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación nombrada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que determinaron que los hechos se produjeron accidentalmente.

En sus alegaciones ante el tribunal militar, defienden la existencia de evidencias y pruebas que indican que se pudo incumplir por negligencia u omisión normas de seguridad y control en la recogida del material explosivo y su custodia "que pudieron poner en grave peligro la vida y la integridad física de los trabajadores" y alegan que no se tuvieron en cuenta informes que apuntaban a la caducidad de los explosivos.

Entre ellas, señalan que el material explosivo estuvo fuera de control durante tres días, que se desconoce el origen de la carga HL-200 que provocó la explosión o su cadena de custodia, y que existía deterioro de las muestras analizadas e incluso podían estar caducadas.

Asimismo, señalan que no se tomó testimonio a personas presuntamente responsables de incumplimientos en estos temas de custodia y origen del material y que debieron ser llamados a declarar en calidad de investigados.

"Se patentiza que se ha procedido al archivo de las actuaciones, quedando sin resolver evidencias claras y manifiestas que pueden dar un nuevo giro a la investigación a fin de depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar por parte de las personas que han tenido relación directa con los hechos", sostiene el abogado al presentar el recurso.

El Juzgado Togado Militar Territorial número 11 rechazó la reapertura del caso el pasado mes de diciembre al considerar que ese informe no contemplaba "ningún hecho nuevo" y archivó la causa en 2013, que ahora ordena reabrir el Tribunal Militar Territorial Primero para "garantizar con plenitud un nuevo pronunciamiento respetuoso con los principios de publicidad, contradicción e inmediación judicial".