El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen en torno a cinco millones por los gastos realizados durante la consulta del 9-N.

En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Catalunya. Junto al expresidente catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Eduación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.

Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete exaltos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N.

Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

Uso irregular

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

La Generalitat acusa al Gobierno

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado este martes al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas.

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

Según él, la decisión del tribunal se basa en una "interpretación sesgada de la normativa que se salta todas las garantías procesales": según ha dicho, el propio ente había solicitado recientemente a la Generalitat unos informes para argumentar su citación y ni si quiera se habían llegado a enviar.

Esta premura, según Puigdemont, evidencia que no es casual que "la represalia y la incautación de patrimonio" efectuada por el Tribunal de Cuentas llegue la misma semana en que se convocará el 1-O.

Aun así, ha avisado de que ya nada podrá parar la votación: "La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos".

De hecho, ha avisado de que decisiones como las del Tribunal de Cuentas "acaban de convencer a los que tienen dudas" ante el referéndum del 1-O, en el sentido de que cree que favorecen su participación y su apuesta por una Catalunya independiente.

Junqueras ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas es un "intento del Gobierno del PP de impedir el derecho a voto de los ciudadanos" de Catalunya, y que evidencia que el Estado está abusando de los instrumentos del Estado de derecho para frenar el 1-O.

"Hace adoptar a las instituciones papeles que no les corresponden y las fuerza a interpretar sesgadamente la ley. Pero votar no es ningún delito" y el Govern seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias el 'derecho a decidir' de los catalanes, ha añadido.

Como votar no es un delito -ha proseguido-, el Gobierno central "se ve obligado a usar las instituciones de su entorno" para perseguir a los cargos soberanistas, en un intento desesperado de evitar una votación el 1-O, ha añadido.

Considera que el derecho a voto que el Govern quiere garantizar con el 1-O está reconocido nacional e internacionalmente, y que es un grave atentado a los principios democráticos que el Gobierno del PP trate de "asaltarlo".

Por eso, ha llamado al conjunto de ciudadanos de España a estar alerta ante este tipo de prácticas: "¿Quién les garantiza que no se les aplicará también a ellos el abuso que hace el Gobierno del PP contra nosotros y nuestros derechos básicos?".

Antes de la comparecencia Puigdemont y Junqueras han participado en una reunión en la que también estaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como diversos miembros del Govern.

El Tribunal de Cuentas aclara que no exigen fianza

El Tribunal de Cuentas ha aclarado que la citación de varios altos cargos de la Generalitat de Cataluña el 25 de septiembre por la convocatoria del 9N no exige que, ese día, tengan que pagar ningún tipo de fianza.

Así lo ha explicado el Tribunal en una "nota aclaratoria" y al hilo de las informaciones publicadas según las cuales los ex altos cargos, entre ellos el expresidente Artur Mas, deberían de abonar unos cinco millones de euros por el gasto público destinado a la consulta del 9N.