El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno regional presentó en febrero de este año, avalando así dicha tasa.

Isabel Díaz Ayuso (PP) interpuso una querella contra el nuevo impuesto, impulsado por Pedro Sánchez, por considerarlo “un atentado” contra la región, en un nuevo intento de confrontar con las políticas redistributivas del Gobierno de coalición.

El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional ya descartó suspender cautelarmente el tributo, como pretendía la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), al entender que ello supondría la suspensión de una ley, algo que está fuera de sus competencias.

Esta sentencia se aplicará también a las impugnaciones que realizaron las comunidades de Andalucía, Murcia y Galicia, gobernadas asimismo por el PP.

Ayuso quiere recaudar directamente el impuesto

Tras conocer la noticia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado la tramitación urgente de una nueva ley para que sea la autonomía la que recaude directamente el impuesto. “Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo”, ha afirmado Ayuso.

De esta forma, ha advertido la número uno del PP en la región, “podremos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad”.