Dos de los tres letrados que firman el informe del Congreso crítico con la amnistía tuvieron cargos afines al PP

Guerra de informes. Si, en noviembre, la secretaría general del Congreso de los Diputados emitió uno en el que explicó que no existían evidencias como para que la Mesa no admitiera a trámite la Proposición de Ley de amnistía, en las últimas horas ha trascendido otro, en este caso, elaborado por las letradas de la Comisión de Justicia de la Cámara, que siembra dudas acerca de su encaje constitucional. 

Tal y como figura en la página web del Congreso, el equipo de letrados de dicha comisión lo componen tres personas: Piedad García-Escudero Márquez, Isabel Revuelta Rojas y Fernando Castillo López.

García-Escudero, que es catedrática en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y letrada en las Cortes Generales desde 1981 fue, tal y como adelantaba Europa Press este miércoles 17 de enero, secretaria general de la Cámara durante la presidencia del Congreso de la popular Luisa Fernanda Rudi. Concretamente, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la letrada fue nombrada secretaria general del Congreso y letrada mayor el 20 de septiembre del año 2000, es decir, al principio del segundo Gobierno de José María Aznar.

Es, en otro orden de cosas, hermana de Pío García-Escudero, expresidente del Senado y expresidente, también, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Actualmente, es senador y se desempeña como presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta.

Por su parte, Isabel Revuelta, tal y como apuntan fuentes parlamentarias y ha comprobado Público, fue secretaria general técnica del Ministerio de Defensa en tiempos de Federico Trillo, también durante el segundo Gobierno de Aznar. El Consejo de Ministros, previa propuesta del Ministerio de Defensa, la nombró en su cargo el 24 de junio del año 2000.

¿Qué dice el informe?

En el informe, que adelantó La Vanguardia y al que ha tenido acceso Público, el equipo de letrados de la Comisión de Justicia asegura que la ley de amnistía "debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional". De todas formas, se trata, como cualquier otro escrito que presenten los letrados de la Cámara, de un documento no vinculante, tal y como aclaran fuentes del PSOE.

Argumentan varias razones. La primera tiene que ver con una de las justificaciones que se da en la Exposición de motivos de la Proposición de Ley (PL). En ella, se afirma que la amnistía previa a la Constitución fue el "punto de partida del pacto constitucional" y que, por tanto, la propia amnistía, "lejos de ser una figura constitucional", forma parte del "pacto fundacional de la democracia". Las letradas de Justicia no lo ven igual. Esa afirmación, deslizan, "genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución".

También exponen que otorgar la amnistía no está contemplado entre las funciones de las Cortes Generales en el artículo 66.2 de la Constitución, que otorga a Congreso y Senado la potestad legislativa del Estado, la facultad de aprobar sus Presupuestos o la de controlar la acción del Gobierno, pero que no habla de amnistía. Además, puntualizan que, durante el debate constituyente, se rechazaron dos enmiendas (la 504 al artículo 58 —hoy, 66 de la Constitución— y la 744 proponiendo un nuevo artículo) que pretendían introducir el concepto de la amnistía en el texto constitucional.

Guerra de informes

Fuentes del Partido Socialista restan importancia al documento y, para ello, ponen sobre la mesa otros dos informes que contrastan con el emitido por el equipo de letrados de la Comisión de Justicia. Uno de ellos es el más reciente, el que emitió la Secretaría General del Congreso, ya capitaneada por el actual Letrado Mayor, Fernando Galindo. En ese caso, se criticó el informe por el pasado del nuevo secretario general de la Cámara como subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del anterior Gobierno de Pedro Sánchez. 

"En ese informe no había duda sobre la constitucionalidad de la ley", deslizan fuentes del PSOE, que también sacan a relucir otro, elaborado de igual forma por los letrados de la Cámara (aunque en 2018) en cuyo apartado IV los letrados citan la "amnistía" como una figura que se encuentra "dentro de la Constitución".

En cualquier caso, los socialistas insisten en que respetan todos los informes y en que los estudiaran. En la misma línea hablan líderes de Sumar en privado. Todo ello, días antes de que la ley de amnistía inicie su recorrido en la Comisión de Justicia, cuya primera reunión ya con las enmiendas encima de la mesa se celebrará el martes, 23 de enero.