Tras las puertas del Arzobispado de Madrid, el frío se cuela en los huesos y los pasos resuenan amplificados por el eco de los macizos muros. Juani Fernández (Madrid, 1965) ha estado muchas veces en la imponente sede de la Iglesia madrileña. El antiguo edificio junto al Palacio Real alberga los datos sobre la vida de millones de personas: partidas de bautismo, actas matrimoniales, libros de exequias. Documentos que acreditan actos litúrgicos, que no siempre ocurrieron, como el bautizo del hermano de Juani, Juan Elías, el 2 de febrero de 1963. 

No, la ceremonia solemne con padrino y madrina que atestigua el certificado de bautismo no se celebró. Fue imposible porque el bebé murió horas después de nacer, en la Maternidad de Santa Cristina (Madrid), o, al menos, es lo que le dijeron a la familia y así consta en el certificado de defunción. 

¿Un error inocente? Juani Fernández no lo cree. Lleva una década intentando que la Iglesia le dé una explicación plausible sobre este extraño suceso y en su búsqueda ha encontrado a más personas en la misma situación. Lo que tiene demostrado, hasta ahora, es que el certificado de bautismo de Juan Elías fue realizado un año después de su muerte oficial, ya que es una copia exacta de la partida de bautismo de su hermana, nacida justo al cabo de un año y en cuyo caso sí que se ofició la ceremonia. Juani no logra comprender el motivo por el que se falsificó el documento ni por qué existen tantas incongruencias en el expediente hospitalario de su madre. 

El caso de esta mujer, residente en Alcalá de Henares, es uno de los miles que existen en toda España sobre el fenómeno de los niños robados; son casos sin cuantificar y sin resolver, archivados por los tribunales, incapaces de ordenar indagaciones en profundidad alegando muchas veces la protección de datos de terceros. Este domingo el colectivo se manifiesta en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, para reclamar el desbloqueo de la proposición de ley sobre bebés robados que está en trámite de enmiendas desde hace dos años. 

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), junto a numerosas organizaciones de bebés robados de todo el Estado, convoca esta manifestación en señal de rechazo por la paralización de una proposición de ley que ampara a las víctimas, propugna la apertura de archivos, la actuación efectiva de la Fiscalía, un banco de ADN estatal y la justicia gratuita para los afectados.

Las raíces de Irene

Irene Meca estuvo en el Congreso las dos ocasiones en las que se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley sobre bebés robados. "Fue emocionante ver a los diputados aplaudirnos mientras nosotras estábamos en el palco de invitados creyendo que por fin nos harían caso", cuenta a Público.

Ella es una de las voces más respetadas del colectivo de afectados por el robo de bebés en España, por su prudencia y su carisma. Fue dada en adopción a los dos meses de nacer, en 1953. A sus 69 años, con una triste infancia a sus espaldas y recién convertida en abuela, valora más que nunca los lazos familiares: "Estoy afianzando mis propias raíces", dice en relación a su nieto.  

Irene no sabe quién fue su madre biológica, la mujer que, quizá obligada por las difíciles circunstancias de la España de los 50, privada de la capacidad de decidir sobre su maternidad, la depositó en la Inclusa de Madrid dos meses después de traerla al mundo, un día de primavera de 1953. O quizá no fue ella quien llevó a la niña al orfanato: puede, si era una madre soltera, que se la arrebataran de sus brazos para nutrir a alguna estéril estirpe. 

Nada de lo que la Comunidad de Madrid le ha entregado a Irene Meca sobre su paso por la inclusa arroja luz sobre las circunstancias en las que llegó a la inclusa aquella bebé de dos meses de vida, que poco después fue entregada a una pareja en adopción. Los archivos de la Inclusa de Madrid saben más de lo que muestran los tristes expedientes, tachados en ellos todos los datos de terceros, incluidos médicos y monjas, que la Consejería de Familia entrega a las personas adoptadas antes de la democracia. 

"Yo no puedo decir si fui una niña robada o no porque no tengo ninguna prueba. Por eso pido al Estado y a la Justicia que hagan todo lo posible para que se abran los archivos de las inclusas, orfanatos, y de las administraciones públicas --dice Irene --. No es normal que no exista una ficha mía, con mis datos médicos, por ejemplo, como existen en otros casos. No hay datos del hospital donde nací, o si nací en un domicilio". 

Juani sigue investigando

El último hallazgo de Juani Fernández complica enormemente el rompecabezas sobre el nacimiento de su hermano Juan Elías: además de la partida que indica que el bebé fue bautizado en la maternidad de Santa Cristina, ha encontrado hace poco otra diferente en una parroquia de San Fernando de Henares (Madrid). Los presuntos padrinos --una tía y un primo--declararon en el juzgado que jamás asistieron al bautizo del niño porque no se celebró. "¿Qué chanchullo tenía la Iglesia con los bautizos de los niños a los que dieron por muertos? ¿Era un negocio? --se pregunta Juani-- Necesito a un juez o una jueza valiente que se atreva a investigar hasta el final porque yo he llegado a un callejón sin salida. Estoy convencida de que mi hermano fue entregado a una familia como hijo biológico". 

Otro de sus descubrimientos sitúa al capellán del colegio de San Idelfonso, donde se forman los niños cantores de la Lotería de Navidad, como el que ordenaba los entierros de caridad de los neonatos fallecidos en Santa Cristina en lugar de un juez y sin contar con las familias de esos niños, algo que investigó el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid pero que archivó al haber fallecido el sacerdote. 

La pesadilla de Cristina

Cristina Moracho vivió con 17 años un trauma que no la abandona. Se puso de parto el 14 de mayo de 1984, estando en su piso con su hija de 15 meses mientras su marido trabajaba. El bebé llegaba pronto, a los siete meses. No le extrañó porque su hija nació a los ocho. Rompió aguas e instantes después Cristina dio a luz sola a su hijo. "Le corté el cordón, lo anudé con hilo de coser y salí al descansillo a pedir ayuda", rememora Cristina desde su casa de Collado Villalba (Madrid).

Ese momento permanece nítido en su memoria. "El niño lloraba, era pequeñito pero bien formado, incluso hizo pis". Una ambulancia condujo a la madre y al bebé al Hospital Clínico de Madrid. Ella se estaba desangrando y no había expulsado la placenta, por lo que fue operada de urgencia. Al despertar y preguntar por su hijo le comunicaron que había muerto. 

Una monja apareció en la habitación para consolarla: "Me dijo que tenía que alegrarme porque Dios había elegido a mi hijo para llevárselo a su lado; y que yo era joven y además ya tenía una hija", cuenta Cristina. Aquellas palabras no se le olvidaron. Cuando estalló el escándalo de los niños robados, en 2010, a raíz de presentarse en la Fiscalía una denuncia colectiva con más de 200 casos, Cristina Moracho empezó a atar cabos y solicitó su historial clínico. 

"Siempre tuve la impresión de que mi hijo no murió, lo negué en el hospital y rogué que me lo entregaran pero no me enseñaron su cuerpo. Ahora, con lo que he podido averiguar, tengo más indicios de que el  niño fue entregado a otros padres", dice. 

Entre esos indicios, Cristina resalta que no existe en el Hospital Clínico un historial médico a su nombre. "El hospital dice que no hay historial mío, por lo que nunca estuve allí; pero apareció un análisis de la placenta que guardaba casualmente un médico, que indicaba que era una placenta prematura. El legajo de aborto dice que el niño nació muerto, cuando yo le di a luz vivo. Luego una funcionaria me explicó, con una absoluta falta de empatía, que cuando el bebé no vive más de 24 horas se le considera un feto muerto". 

Un juzgado admitió su demanda ante la negativa del centro hospitalario a entregarle el libro de partos correspondiente al 14 de mayo de 1987. Cristina necesitaba demostrar que ella y su hijo fueron atendidos en el Clínico de Madrid. "En el libro de partos tampoco aparezco, pero justamente está tachado el nacimiento que podría corresponder al de mi hijo --explica--. Pero está tachado de origen, es decir, que es irreversible. Cuando el juez preguntó qué era eso, el hospital dijo que el administrativo que completaba los libros ya no trabaja allí y que no saben por qué figura ese tachón". 

El juez acabó archivando y le recomendó que iniciara la vía penal, pero "no tengo medios para eso. La futura ley puede ayudar a muchas familias que no podemos afrontar económicamente un proceso penal. Yo lo único que quiero es que me demuestren que en efecto mi hijo murió y eso, a día de hoy, no lo han hecho".