La primera ley estatal de bebés robados se hace de rogar a pesar de que en junio de 2020 hasta once fuerzas políticas defendieron en el Congreso la necesidad de tramitarla. Dos años después, la proposición de ley, firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y las CUP, sigue paralizada en la Cámara Baja ante una continua ampliación del plazo de enmiendas y sin visos de que salga adelante en lo que queda de legislatura.

En este sentido, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), promotora de la norma, que cuenta con el apoyo de 17 organizaciones de víctimas de bebés robados, ha pedido "impulsar y terminar con el eterno trámite de enmiendas que paraliza la Proposición de ley sobre bebes robados en el Estado español y poner todo su esfuerzo político en la aprobación urgente de esta Ley".

Esta petición llega después de que el PSOE, con la firma de ERC, EH Bildu, PNV, Junts y la Izquierda Confederal, registrara en el Senado una moción para la creación "de una ponencia de estudio sobre el fenómeno de la sustracción
de recién nacidos". 

Por ello, la coordinadora ha mostrado su "estupor" ante dicha petición, que será defendida en el pleno de la Cámara Alta este jueves por el senador socialista Txema Oleaga, entre otros, y subraya esta tarea pendiente, que se remonta a 2018, cuando la primera proposición de ley en este sentido decayó tras el adelantamiento electoral.

El texto de la moción recoge que la finalidad de la ponencia será "escuchar las experiencias de las personas afectadas y redactar una serie de recomendaciones que el Gobierno pueda poner en marcha con tres objetivos: levantar la protección de datos, desclasificar y abrir los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados, crear un banco de ADN e impulsar encuentros
interfamiliares apoyados por un equipo de psicólogos".

El derecho a la Justicia vuelve a quedar fuera

Sin embargo, la iniciativa legislativa paralizada en el Congreso ya contiene estos y otros muchos objetivos. Asimismo, tal como denuncian las asociaciones de bebés robados, en el contenido de la petición registrada en el Senado queda "claramente anulado el derecho a la justicia para las víctimas en el orden jurisdiccional penal". "Una vez más se descarta la posibilidad de obtener la imperativa y necesaria verdad judicial en el orden competente para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional", añaden.

Las víctimas ponen en el foco en la "falta de voluntad política" y de "valentía" para aprobar esta ley a pesar de los buenos propósitos expresados por los grupos políticos y los ministerios implicados en la tramitación de la norma (Presidencia y Relaciones con las Cortes, Justicia y Derechos Sociales). "La ley,
a pesar de la urgencia que conlleva para las víctimas su aprobación, ya ha pasado por dos legislaturas y no avanza. Dos legislaturas, donde el Grupo Socialista ha ejercido y ejerce la función de Gobierno; en la última legislatura junto con Unidas Podemos", recuerdan.

En lo relativo a la moción que se debatirá el próximo jueves en el Senado, la coordinadora critica que ni el PSOE ni el resto de los firmantes se haya puesto en contacto para "consultar la pertinencia de esta iniciativa", lo que demuestra
"la grave desconexión que existe entre nuestros políticos y la sociedad civil, así como el desconocimiento de lo que realmente reivindican las víctimas de este terrible crimen".

Por último, valoran esta iniciativa de ponencia de estudio como un "intento de dejar definitivamente aparcada" la tramitación de la norma, "negando derechos básicos que asisten" a las víctimas, como es el derecho a la tutela judicial efectiva en el marco del proceso penal.

Y es que, según recoge la proposición de ley, más de 30.000 niños fueron apartados de sus madres solamente durante la primera etapa del franquismo (hasta 1954), según el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de 2008, además de la ingente cantidad de robos que se produjeron en las etapas posteriores de la dictadura e incluso después de la transición.

Recomendaciones al margen de la tramitación de la ley

Ante estas críticas, el senador del PSOE encargado de defender la moción, Txema Oleaga, destaca en primer lugar el contacto "permanente" con las asociaciones de bebés robados, "que son muchísimas". Asimismo, niega que esta ponencia, cuyos trabajos podrán durar hasta seis meses, suponga un intento de retrasar la ley.

En esta línea, pone el énfasis en las recomendaciones que salgan del grupo de estudio para remitirlas antes de que termine la legislatura al Ministerio de Justicia y encuentre una solución a las trabas jurídicas que impiden que este asunto se investigue en los juzgados (por la prescripción de los delitos y la muerte de los presuntos culpables).

"Queremos poner las recomendaciones sobre la mesa y plantearlas al Ministerio de Justicia. Además, se pueden hacer sin necesidad de esperar a la ley", destaca para recordar que la ley de Memoria Democrática, que será aprobada previsiblemente en el Senado también este jueves, ya recoge que los bebes robados en la época del franquismo y sus familiares son víctimas de la represión. Si bien, esta legislación deja fuera a las víctimas que sufrieron estos delitos en épocas posteriores.