Guerra CivilTres expertos justifican ante el juez el cambio de las calles franquistas en Madrid por exaltar la Guerra Civil

Tres miembros del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid han justificado este martes ante el juez que el cambio de nombre de 52 calles de la capital cumple la legislación porque se trata de vías y menciones de "exaltación" de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Lo han hecho durante la vista celebrada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid sobre la demanda que presentó la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid del 4 de mayo de 2017 para la sustitución del nombre de las 52 calles de Madrid con reminiscencias franquistas, en aplicación de la ley de Memoria Histórica.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los tres miembros del Comisionado que han comparecido como testigos -de los cinco que estaban citados- han explicado al juez que fueron "lo más rigurosos y objetivos posible" al hacer su trabajo en aplicación de la Ley.

Los testigos, que han comparecido a petición tanto del Ayuntamiento como de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo -todos ellos personados en el procedimiento- han afirmado que en un principio manejaron una lista de 300 calles que al aplicar los requisitos que exige la Ley de Memoria Histórica, redujeron a las 52 finales.

Tanto la presidenta del Comisionado, Francisca Sauquillo, como el escritor Andrés Trapiello y el historiador Octavio Ruiz-Manjón, han señalado al juez que todas las calles cumplen con el artículo 15 de la citada Ley al "haber exaltación".

Dicho artículo insta a las administraciones publicas "a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Ahora bien, han reconocido sus dudas sobre tres de las 52 calles que son Vallejo Nájera, El Algabeño y Comandante Zorita pero no porque no supongan una exaltación sino porque no saben si conmemoran al padre o al hijo.

Debate "plural" 

Otras fuentes presentes en la vista han hecho hincapié en las "discrepancias" que a su juicio han tenido los miembros del Comisionado con algunas calles y han manifestado que otros testigos han puesto de relevancia que las calles no cumplen con el artículo 15 de la Ley.

Se tratan de un historiador, una geógrafa y un administrador de fincas -citados a petición de la Fundación Francisco Franco- que han cuestionado los criterios seguidos por el Comisionado.

En declaraciones a los medios, Sauquillo ha dicho que para la realización del informe se impulsó un debate "plural" formado por personas que conocían la historia de Madrid y que creían que la capital sería "mejor" si se cumplía le ley de Memoria Histórica.

Así, ha insistido en que "es notorio y palpable" que los nombres de las 52 calles de la capital corresponden con personas o colectivos que participaron en la sublevación militar y que continuaron haciéndolo durante la dictadura.

Y ha cargado contra la Fundación Francisco Franco por ser un "grupo nostálgico" que tiene como objetivo en esta causa "defender las ideas del dictador" y quiere lograr lo que no hizo el Consistorio madrileño, que aprobó en pleno el informe por mayoría, mediante la vía judicial.

Por su parte, el abogado de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, José Luis Muga, ha señalado que los testigos de la Fundación Franco no ha aportado ninguna novedad al proceso porque no tienen "un criterio claro", su informe carece de valor y parece "sacado de Wikipedia" por sus afirmaciones "totalmente infundadas y de carácter ideológico".

Ahora el juez, que ha pedido al Ayuntamiento que aporte más documentación sobre los informes del Comisionado, deberá resolver sobre la petición de la Fundación que solicitó como medida cautelar la suspensión y paralización del cambio de calles, una petición condicionada a depositar una fianza previa de 60.000 euros, que aún no han entregado, añade las fuentes.