Desde los 90, cuando realizó el informe Veritas sobre el juez Baltasar Garzón, el comisario José Manuel Villarejo no salía en la prensa. Cuando Público llamó a la Policía a mediados de enero de 2015 preguntando quién era este funcionario, el departamento de prensa contestó que no existía. Ayer por la mañana, sin embargo, ese mismo departamento informaba en su Twitter que el comisario jubilado había sido detenido por Asuntos Internos. Los investigadores también han detenido al comisario Carlos Salamanca, la mujer del primero, Gema Alcalá Garcés, y otras tres personas más, todos acusados de organización criminal. 

Los detenidos ya habían estado envueltos en una investigación de Asuntos Internos por el caso Gao Ping, en el que también estaba relacionado el hijo de Villarejo. Este cogió el relevo del multimillonario entramado empresarial creado por su padre y que tiene sede en la Torre Picasso de Madrid, que ha sido registrada. También se buscan pruebas en sus propiedades de Boadilla del Monte y Estepona (Málaga); aunque la operación ha llegado por ahora hasta Valencia. La Audiencia Nacional, que ha ordenado la detención, le acusa de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Salamanca y Villarejo, según la Fiscalía Anticorrupción, utilizaron sus puestos como funcionarios para blanquear dinero de organizaciones criminales internacionales, que contrataban sus "servicios de inteligencia integral" para cometer delitos sin ser detenidos por la Policía, o para ser librados de la justicia gracias a la red que el "agente encubierto" creó a lo largo de 30 años. 

Del pequeño Nicolás a los clientes del IBEX-35

Contactamos con el comisario José Manuel Villarejo porque el pequeño Nicolás se hacía pasar por su empleado y él nos ofreció información a cambio de no publicar, pero no lo hicimos. Dos semanas después, desvelamos que la Unidad de Asuntos Internos, que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigaban una operación de blanqueo de capitales relacionada con Guinea Ecuatorial. Sólo hacía falta escuchar atentamente la grabación ilegal y manipulada que presuntamente Villarejo le facilitó al pequeño Nicolás, a través de su amigo Eduardo Inda, para que éste la filtrara y se archivara la causa por la que está imputado hasta el momento el comisario, su mujer y un periodista.

Entonces empezaron las querellas, denuncias y demandas contra Público y su periodista –hasta el momento archivadas o sin terminar de instruir–: amenazas, acusaciones, artículos denigrantes y un intento de detención. Pero seguimos publicando y destapamos su patrimonio de 25 millones de euros sospechosos de provenir del blanqueo de capitales, sus propiedades y negocios en Estepona y Uruguay, sus cuentas en Delaware y Panamá, y cómo utilizaba operaciones policiales como Malaya o Astapa para ganar cantidades millonarias. 

En marzo de 2015, cuando Ignacio González acusó al comisario Villarejo de chantajearle con el asunto del ático, ya quedaba poca gente que no le conociera. Ese café tomado en La Mallorquina lo organizó el comisario Enrique García Castaño, destituido de la Comisaría General de Información por el chantaje destapado por Público contra la Casa Real y el CNI. Villarejo había desplegado "sus servicios de inteligencia integral", que ahora investiga la Audiencia Nacional: filtraba la información entre sus periodistas afines, creaba la necesidad en el cliente y si se le contrataba paraba las causas, valiéndose de su puesto como adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía y con ayuda de su entramado de policías, fiscales, jueces, políticos, asociaciones... 

Esta relación entre los comisarios Villarejo, Salamanca y García Castaño fueron ampliadas en la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid por el sargento José Oreja y están acreditadas en diferentes causas instruidas por la Guardia Civil sobre Francisco Granados e Ignacio González. Oreja hacía de voz de otro guardia civil y un bedel acusados también del espionaje en la comunidad de Madrid entre dirigentes del PP, aunque se ha acreditado en los sumarios de Lezo y Púnica que fueron hechas por agencias de detectives privados vinculadas a este comisario o a sus socios. Pieza clave en este grupo policial es el ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera, actual director de CITCO, y cuya unidad hizo muchas de las operaciones sobre crimen organizado con el que se lucraron las empresas de Villarejo. 

Pero sus clientes no son sólo mafias internacionales y políticos. El caso de la doctora Elisa Pinto descubría que empresarios como Javier López Madrid – presente en las causas de las tarjetas black, Lezo, Púnica y en las amenazas a la médico– recurrían a los servicios de Villarejo para frenar las denuncias puestas por acoso. En el sumario también aparece el comisario García Castaño como contacto del yerno de Juan Miguel Villar Mir y ex consejero de OHL. En la actualidad, Villarejo también está imputado por presuntamente apuñalar a Elisa Pinto para que dejara de denunciar. 

Otros empresarios del Ibex también habían contratado sus servicios como Adrián de la Joya (Indra), imputado en Lezo, amigo de Villarejo desde hace 30 años y dueño de la finca con la que se pretendía blanquear  más de 10 millones de euros utilizando un banco de Guinea Ecuatorial. O con Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón. Este es el motivo por el que según los investigadores del caso Nicolás, encabezados por el inspector Rubén López, Villarejo y otros miembros de la cúpula policial grabaron y difundieron la reunión entre los agentes de Asuntos Internos y el CNI.  

La brigada política: el falso dossier PISA y Catalunya

A principios de 2016, el informe falso contra Podemos y sus líderes, conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que no ha admitido ningún juzgado, por el que se confirmó la creación de una brigada política al servicio del Gobierno para desacreditar opositores; y que el ex ministro Jorge Fernández Díaz encomendó al número 2 de la Policía, Eugenio Pino, y a policías de la cuerda, como Villarejo, Salamanca o el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

Los primeros apuntes sobre esta brigada y la participación de Villarejo en la misma, ya había salido en el sumario del pequeño Nicolás, por la declaración del veinteañero y sus anotaciones, con las empresas del comisario y las identidades ficticias que utilizó sin autorización judicial para fabricar los informes contra los Pujol o las inexistente cuenta de Xavier Trías y otras investigaciones ficticias contra líderes independentistas. Todas estas noticias falsas fueron publicadas por el tertuliano Eduardo Inda, ferviente defensor del comisario. 

En 2017, las comisiones de investigación creadas en el Congreso de los Diputados y en el Parlament de Catalunya ratificaron la existencia de esta brigada y el uso de fondos reservados para investigaciones fuera de la ley. 

Ahora la investigación abierta por la Audiencia Nacional puede poner mucha luz sobre estas actividades ilegales que el ex ministro Fernández Díaz disculpó por "los grandes servicios a España" que supuestamente había prestado.