Treinta años de blindaje de la Iglesia española

El 3 de enero de 1979, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado vaticano, el cardenal Jean Villot, ratificaban en Roma el Concordato que hoy, 30 años después, todavía marca las relaciones entre la Iglesia y el Estado español en lo relativo a su presencia jurídica, la enseñanza, la presencia en las Fuerzas Armadas, hospitales y centros públicos, y la financiación.

Aunque su firma es posterior a la Constitución, nadie duda que su entramado fue anterior al establecimiento definitivo de la democracia. De hecho, los acuerdos de 1979 tuvieron su preámbulo en agosto de 1976, cuando el rey renunciaba al "privilegio de presentación" de obispos al jefe de Estado. En todo este tiempo, la base se ha mantenido inalterable.

Únicamente se modificó un punto en 2006, al entrar en vigor el nuevo sistema de financiación (se pasaba del 0,52 al 0,7% del IRPF), al "renunciar" la Iglesia a la exención del IVA. Una situación que privilegia a la Iglesia frente a otras confesiones y cuyo único caso comparable en Europa se encuentra en Italia.

¿Es hora de cambiar el Concordato? ¿Es necesario, en pleno siglo XXI, la existencia de estos pactos con no lo olvidemos otro Estado, que consagra un estatus especial para los miembros de la Iglesia católica? El Gobierno socialista, que el pasado año tras la polémica primera concentración de Colón amenazó con poner a la Iglesia "en su sitio", considera que ahora no es momento de tocarlos. "¿Denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado? No estamos en eso", apuntó hace tres semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La Conferencia Episcopal sigue un planteamiento similar. El cardenal Rouco declaraba días atrás que "hay una relación fluida" entre Iglesia y Gobierno "en el ejercicio de su derecho al culto, a sus actividades apostólicas y al ejercicio de su misión pastoral".

Fuentes episcopales consultadas por Público, incluso, apuntan que "2009 es un buen año para alcanzar acuerdos, con vocación de perdurabilidad", con el Ejecutivo. Los obispos, está claro, continuarán dando batalla contra el aborto, pero la cuestión educativa a expensas del inminente fallo del Supremo sobre Ciudadanía ha desaparecido del discurso oficial del Episcopado. Y, "mientras se respeten los acuerdos", tampoco preocupa en demasía el desarrollo de la Ley de Libertad Religiosa.

Las bases no opinan así. Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas, denuncia que el Concordato "nació en situación de privilegio confesional católico, y hoy afecta a una sociedad religiosamente plural y secularizada. Es causa de muchos conflictos que afectan a la convivencia". Algo similar opina el teólogo Juan Antonio Estrada, que recuerda que se firmó "cuando todavía no se habían desarrollado los principios constitucionales".

En su opinión, "persisten problemas irresueltos, como la financiación de la Iglesia, el papel de la religión en la enseñanza pública, los costos y derechos de los profesores de religión, la exención de muchos impuestos a la Iglesia y las desigualdades con otras religiones".

"Los problemas se agravan porque los acuerdos están legitimados por un tratado internacional, lo cual limita las posibilidades de acción de todos", añade Estrada, quien se lamenta de que "Gobierno e Iglesia se enfrentan en muchas cuestiones, pero convergen en no querer revisarlos".

"En lo religioso, estamos todavía en la Transición y para superarla es necesario actualizar la Constitución y, con ella, los acuerdos Iglesia-Estado del 79", finaliza.