El terrorismo yihadista supone ya el 40% de la actividad en la Audiencia Nacional

MADRID.- La Audiencia Nacional debe su origen a la lucha contra el terrorismo, especialmente al de la organización ETA. Sin embargo, tras la tregua, la actividad de este órgano excepcional ha girado hacia el terrorismo islamista de tal manera que suponen ya casi el 40% de los 750 casos abiertos en la Audiencia Nacional en el año 2014.

La Memoria de la Fiscalía referida al año 2014 resume que la Audiencia Nacional abrió un total de 312 diligencias previas sobre terroristas islámicos, 70 más que el año anterior. Estas investigaciones representan el 47,3% de las diligencias previas que son competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y un 39,5% de las 790 diligencias incoadas por los órganos judiciales de la Audiencia Nacional.

“La razón de ser no es otra que el incremento de la actividad de investigación que se viene desarrollando desde el pasado año ante la irrupción en el panorama del terrorismo internacional yihadista del grupo conocido como «Estado Islámico», cuyas amenazas están siendo percibidas como más graves y preocupantes. En el 2014 se han duplicado las investigaciones por terrorismo yihadista respecto al año anterior”, sostiene la Memoria difundida este martes.

La Fiscalía alerta de que este fenómeno terrorista tiene una particularidad: “Se trata de investigaciones técnicamente complejas y de una enorme dificultad jurídica, por la propia naturaleza de las actividades investigadas”, como son la captación, adoctrinamiento, reclutamiento y adiestramiento de las personas con propósitos terroristas, y prestación de cobertura, apoyo y financiación con esos fines.

También es especialmente complejo la investigación del terrorismo yihadista por los medios electrónicos que emplean y porque no sólo se debe investigar a los potenciales terroristas e interceptar sus comunicaciones, sino que se requiere “profundizar en la obtención de indicios a través de diferentes medios de prueba de naturaleza personal -testigos protegidos, confidentes, coimputados, agentes encubiertos virtuales-, del acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en sus diferentes ámbitos, y de la incorporación al proceso como material probatorio de las informaciones procedentes de los servicios de inteligencia”.

El terrorismo yihadista supone ya el 36% de las acusaciones formuladas por la Fiscalía (43 de las 119 registradas en 2014); el 38% de las vistas orales celebradas al término de la fase de instrucción en 2014 (192 de las 496 vistas orales); el 32% de las sentencias dictadas (39 de las 122 sentencias) y el 32% de las personas juzgadas dicho año (142 de los 448 individuos juzgados).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional altera en la Memoria que, por otro lado, detecta un progresivo incremento de los delitos relacionados con los tráficos ilícitos de personas cometidos por grupos organizados, en sus diferentes modalidades: la trata de seres humanos, redes de prostitución y corrupción, así como inmigración ilegal.

Los delitos relacionados con el tráfico de personas abarcan en los últimos dos años un total de 31 diligencias previas y 4 sumarios.

La criminalidad socieconómica también va en aumento en cuanto al número de asuntos incoados en la Audiencia Nacional.

En el año 2014 se abrieron 110 diligencias previas relacionadas con la delincuencia económica, lo que supone el 16,6% del total de casos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el 14 % de la cifra total de los asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional (110 de 790).

Entre dichos casos se encuentra la salida a bolsa de «SOS-Cuetara»; la operación «Crucero»; el vaciamiento de Viajes Marsans; Air Comet; operación «Ramsonware»; la operación «Espejo»; el caso Petromiralles; la operación «Rico»; el caso «Youkioske»; el asunto «Banca Cívica»; el caso «Carbures», o el caso «Neymar» entre otros muchos casos donde se entremezclan estafas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, delitos societarios, delitos contra el mercado o los consumidores, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, o delitos contra la Hacienda Pública.