El Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia impulsada por Vox que declaraba inconstitucional la conocida como ley rider. Este decreto, que fue aprobado en 2021, prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.

Según fuentes del tribunal de garantías, el magistrado conservador Ricardo Enríquez ha retirado su ponencia, que estimaba el recurso de inconstitucionalidad de Vox, al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante, recoge EFE.

Enríquez ha tomado esta decisión al constatar que la mayoría progresista no iba a respaldar su ponencia que, sin embargo, no se ha llegado siquiera a someter a votación.

Así las cosas, el Pleno todavía tiene que estudiar el recurso del PP contra la misma norma, cuyo ponente será el magistrado Ramón Sáez. Posteriormente, Enríquez presentará de nuevo su ponencia, esta vez siguiendo el criterio que fije previamente la petición del PP.

Vox interpuso un recurso de amparo asegurando, por medio del diputado Juanjo Aizcorbe, que esta legislación acabará haciendo que los riders sean subcontratados y no dejen de ser precarios.

La ley rider, aprobada hace dos años, fue negociada durante seis meses por el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. La norma busca acabar con los falsos autónomos y garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el reparto a través de plataformas digitales. 

Para ello, define en el Estatuto de los Trabajadores que los repartidores son asalariados y obliga a todas las empresas a informar a sus trabajadores sobre "los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial" que pueden incidir en las condiciones de trabajo.