Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Esta dupla trata de salir ilesa de los líos judiciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Este hombre ha cometido un doble fraude fiscal.

González Amador fue uno de los individuos que se aprovechó del negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y la presidenta podría haberse beneficiado. En este vídeo te contamos que, a pesar de los escándalos que acechan a la presidenta, esta se deshizo de Casado, marca el ritmo al actual PP y, además, el Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado.

Los hechos

Alberto González Amador cometió dos delitos fiscales, según reconoció en una carta que envió su abogado a la Fiscalía Provincial de Madrid el 2 de febrero. El objetivo de reconocer los delitos fue llegar a un pacto con la Fiscalía y evitar ir a juicio. Todo empieza cuando la Agencia Tributaria detecta operaciones extrañas de las sociedades de la pareja de Ayuso.

Se inicia, entonces, una investigación que deriva en que la Fiscalía Autonómica de Madrid denuncie a González Amador. Le acusa de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Él admite estos delitos a través de su abogado.

La denuncia recoge que ha evitado pagar más de 350.000 euros a Hacienda por el Impuesto de Sociedades. Algo que hizo a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Esto lo hizo en los ejercicios de 2020 y 2021, en lo peor de la pandemia.

El periodo temporal es clave. González Amador intentó pagar menos impuestos a raíz de la subida de facturación que su empresa Maxwell Cremona efectuó durante la pandemia. Su empresa ejerció de intermediaria de FCS Selects Products SL, una compañía que vendía mascarillas y guantes, con la mercantil gallega Maper Asesores.

Durante este periodo de tiempo se compró un piso de un millón de euros y un coche de lujo. La pareja de Ayuso no solo defraudó esos 350.000 euros, también buscó deducirse gastos privados en esos ejercicios fiscales que están siendo investigados. Uno de ellos salpica directamente a la presidenta.

González Amador intentó deducir gastos personales correspondientes de unas vacaciones con Ayuso. Concretamente, los gastos de dos vehículos en el extranjero por valor de más de 1.000 euros. También trató de deducirse gastos como la compra de pelotas de pádel, hilo dental, pasta de dientes, desodorante, champú o un reloj Rolex de 8.000 euros. Vamos ahora con la estrategia de comunicación política.

La reacción de Ayuso

Desde que salió la información por la prensa, Ayuso ha protagonizado la siguiente estrategia: victimizarse y asegurar que todo se trata de una persecución contra ella orquestada desde la Moncloa. Esta línea de ataque la empleó cuando Pablo Casado dijo que Ayuso pudo beneficiar a su hermano por un contrato de mascarillas durante la pandemia, a través de una comisión de 300.000 euros. La estrategia fue victimizarse.

A Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez les salió bien la jugada. Casado fue expulsado de la dirección del PP. El partido cerró filas con la presidenta, y el nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, evitó —y evita— confrontar con ella.

Desde entonces, aumenta la sensación de que Ayuso marca el paso a Feijóo. El último episodio es claro. En una reunión de presidentes de comunidades y ciudades autónomas del PP, Ayuso tanteó "no caer en la trampa" de Sánchez y evitar reuniones bilaterales. Ayuso cree que intentará "sobornarles uno a uno".

Esta afirmación generó malestar entre dirigentes del PP que no quieren romper la interlocución institucional con el presidente del Gobierno.
Después, en el diario El Mundo, Feijóo dijo a principios de septiembre que sería "un error" no asistir a una reunión con el presidente del Gobierno. Apenas un mes después, Ayuso renuncia a acudir a Moncloa.

Por tanto, no solo se desmarca de Feijóo, sino de todos los presidentes autonómicos del PP, que sí defienden acudir al encuentro con el presidente del Gobierno. Ayuso sale beneficiada a nivel interno, pero también de puertas para fuera.

El fiscal general, imputado

Alberto González Amador presentó una querella contra miembros de la Fiscalía por revelación de secretos. El Supremo decidió imputar al fiscal general Álvaro García Ortiz. Esto supone un varapalo para el Gobierno y una bomba de oxígeno para Ayuso.

Una decisión, la del Supremo, criticada por algunos jueces. Partidos de la izquierda han cerrado filas con el fiscal. Los más críticos creen que el Supremo ha salido en defensa de Ayuso. Volvamos a los hechos. ¿Por qué se ha imputado a García Ortiz?

Cuando estalló la noticia de la pareja de Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un bulo que publicó el diario El Mundo. El titular recogía lo siguiente: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso.

La intención de MAR fue presentar a la pareja de Ayuso como la víctima de un chantaje político. Es decir, que reconociera los delitos a cambio de un pacto. Sin embargo, fue al revés. Ante la información falsa, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado en el que explica que el abogado de la pareja de Ayuso, el letrado Carlos Neira, fue el que reconoció los delitos e intentó conseguir un pacto.

Antes de que la Fiscalía publicara esta nota, varios medios, como la Cadena Ser, adelantaron un mail que avaló la versión de la Fiscalía.
Esto es lo importante. El Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.

El Supremo no investiga la nota de la Fiscalía, sino los mails entre la defensa de la pareja de Ayuso y el Ministerio Público. Esos correos se filtraron antes y desechan –hay que subrayar– el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

Aun así, la investigación tiene obstáculos por el camino. El primero es que uno de los mensajes llegó a un correo genérico y ha estado en manos de hasta 30 personas. El segundo es que los periodistas pueden acogerse al derecho de secreto profesional y no revelar sus fuentes. Por lo tanto, no informar sobre quién filtró el correo. 

Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez logran embarrar el debate público, desviando los escándalos que acechan a la presidenta. El jefe de gabinete difunde bulos y amenaza a periodistas. Y la presidenta propaga un discurso plagado de odio mientras juega a la carta de la victimización.